¿De qué se acusa a Puigdemont?

Rebelión y malversación. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado a Carles Puigdemont por estos delitos, siendo el primero el que se asemeja a la alta traición que contempla el Código Penal alemán. La rebelión ouede ser condenada con penas de entre 15 y 25 años de cárcel, mientras que la malversación oscila entre 25 y los 30 años de prisión.

En su auto de procesamiento, el juez Llarena destaca la participación de Puigdemont en la reunión de coordinación policial del 28 de septiembre, donde fue advertido del grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum. Él y los consejeros Oriol Junqueras (Vicepresidente) y Joaquim Forn (Interior) “conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía –acoso a la comitiva judicial—y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado”.

La DUI

Por ello, el magistrado le imputa los delitos de rebelión y malversación. Recuerda que, el día 10 de octubre de 2017, Puigdemont “compareció ante el pleno del Parlamento y, tras dar cuenta de este cómputo de resultado de la votación, manifestó acatar el mandato del pueblo de Cataluña para convertirla en un estado independiente en forma de república, pero añadió que el Gobierno de la Generalitat y él, como presidente, proponían la suspensión de los efectos de la de declaración de independencia a fin de llegar a una solución acordada”.

El 19 de octubre “al no haberse atendido sus previas peticiones de que se librara de sus imputaciones penales a Jordi Cuixart (presidente de la entidad Òmnium Cultural), Jordi Sánchez (presidente de la entidad soberanista Asamblea Nacional Catalana) y Josep Lluis Trapero (mayor de los Mossos d’Esquadra), así como a que se produjera una reunión de ambos gobiernos para explorar acuerdos futuros, informó al Presidente del Gobierno del Estado que el Parlamento de Cataluña procedería a votar la declaración de independencia”.