Ordenan detener a una concejal de la CUP investigada por un presunto delito de incitación al odio. La juez de la sala número 2 de Reus (Tarragona) ha ordenado arrestar a la edil Mariona Quadrada, electa en el municipio, después de que ésta eludiera una citación judicial el lunes.
La magistrada ha pedido a los Mossos d'Esquadra que intercepten y pongan bajo custodia policial a la edil para que se le pueda tomar declaración mañana jueves, 22 de marzo, a las 9:30 horas. Quadrada había sido citada por la juez el lunes, pero decidió hacer caso omiso de la orden porque "no reconoce a la justicia española" y considera que "es el momento de tener las cosas claras y hacer efectiva la República".
Tres plantones
Cabe destacar que Quadrada ha plantado hasta tres veces a la juez. La primera vez alegó "problemas de agenda" de su defensa legal. Cualquiera que fuere el motivo, la electa sigue así los pasos de sus compañeros de bancada Marta Llorens y Oriol Ciurana, que tampoco acudieron a declarar en el juzgado en diciembre. Los dos electos tuvieron que ser arrestados por los Mossos d'Esquadra en el interior del ayuntamiento.
La pareja de concejales anticapitalistas pasó 17 horas en comisaría, hasta que la policía autonómica los presentó ante la magistrada. Se acogieron entonces a su derecho a no declarar.
Investigados por odio
La instrucción judicial sobre Quadrada sigue a una denuncia interpuesta por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por presunta incitación a cometer delitos de odio. La Policía Nacional entró un escrito ante el juez en el que citaba las protestas independentistas ante el hotel Gaudí de Reus donde se alojaron en septiembre y octubre de 2017 un centenar de efectivos antidisturbios, parte del operativo policial para el referéndum ilegal de secesión del 1-O en Cataluña.
Además de tres ediles de la CUP, figuran en la denuncia el alcalde del municipio, Carles Pellicer (PDeCAT), y los portavoces de los grupos municipales Montserrat Vilella (PDeCAT); Noemí Llauradó (ERC) y Jordi Cervera (AraReus). Todos ellos firmaron un manifiesto que conminaba a los hoteleros de Reus a "hacer todo lo posible" para echar a los policías de la localidad. En paralelo, se investiga a seis efectivos del cuerpo de Bomberos y al propietario de un gimnasio que intentó impedir la entrada a los agentes.