El Govern usa el 155 para tapar la falta de política social

Año 2016. Junts pel Sí (CDC y ERC) y la CUP firman el Plan de Choque Social. Dos años después, poco o nada se ha hecho por desarrollar políticas de carácter social. Cataluña lidera el ranking en pobreza infantil y desahucios; las leyes y decretos aprobados en la anterior legislatura no se han llevado a cabo ni tienen asignado presupuesto alguno, y la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía tiene 36.000 expedientes acumulados. El Govern pone como excusa la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención económica del Estado. Pero la realidad es otra.

“El mundo paralelo en el que viven ERC y el PDCAT les ha llevado a olvidar a una parte muy importante de la población catalana, aquella que vive en exclusión social. Pediría a cada ciudadano catalán que se encuentra en esa situación que piense en tres políticas hechas por el Govern que hayan mejorado sustancialmente su situación personal, social o económica. Si no le salen, que no se preocupe. No las hay”, afirma con contundencia el diputado del PSC en el Parlament Raúl Moreno. “Lo peor de todo es que en las discusiones de la formación del futuro gobierno no se habla de cómo hacer frente a la situación de las personas en que se encuentran en la exclusión”, añade. Estas son las grandes asignaturas pendientes del “desgobierno” catalán.

Renta Garantizada de Ciudadanía

Cinco meses después de la aplicación de la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), solo se han resuelto el 5,3% de los expedientes de las personas que solicitaron esta ayuda. Hay más de 20.000 solicitantes que todavía esperan cita previa. Las personas que ahora cobran la RGC son aquellas que recibían con anterioridad la Renta Mínima de Inserción. No se conocen nuevos beneficiarios después del 15 de septiembre de 2017.

Según el documento enviado por la Generalitat a las entidades sociales, 75.372 personas tenían cita previa concedida. De éstas, 55.083 se formalizaron y se abrió expediente en 36.000 casos a la espera de resolución.

La 'exconsellera' Dolors Bassa (primera fila, central), con los miembros de la comisión impulsora de la RGC

La excusa de ERC es la aplicación del artículo 155, pero en la citada reunión, la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias reconoció ante las entidades que la intervención del Gobierno no era el motivo. El problema es la incapacidad de resolver 36.000 expedientes pendientes. En plena intervención económica de la Generalitat, el pasado mes de septiembre, la exconsejera Dolors Bassa firmó el pago de la RGC a los anteriores beneficiarios de la RMI con base en una partida presupuestaria de la que deben salir los nuevos solicitantes.

El diputado Raúl Moreno califica de “vergonzoso ver cómo los partidos independentistas y los comunes compran el discurso de que con el 155 no puede pagarse un derecho subjetivo como es la Renta Garantizada, cuando el propio director general de Economía Social y la Comisión Promotora han reconocido que el problema está en la incapacidad para resolver los expedientes. Paralizar a propósito la renta garantizada es deleznable”.  

Centros Especiales de Empleo

Bajo el 155, se han publicado todas las órdenes de subvención para los Centros Especiales de Trabajo (CETS) pendientes desde el mes de octubre y que habían causado importantes tensiones de tesorería en el sector. El Parlament aprobó una moción para que se publicaran durante el primer trimestre de cada año, como hacen otras comunidades autónomas. En abril, la Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo dió a conocer las cantidades que recibirán las autonomías para subvencionar el Salario Mínimo Interprofesional y los CETS. En 2018, a la espera de la aprobación de los nuevos presupuestos del Estado, esa comunicación puede retrasarse. Por ello, en diciembre de 2017, el ministerio adelantó la cuantía aproximada que tendría cada comunidad.

La mayoría de ellas decidieron publicar las nuevas órdenes para 2018 con la mitad de la cuantía recibida en años anteriores. En el caso de Cataluña, se aprobaron 65 millones, la misma cantidad que en 2016 y 2017, así como el pago a los CETS en dos veces: la mitad en abril y la otra en octubre, una vez confirmada la cantidad final y estén aprobados los presupuestos. Debido a la falta de gobierno en Cataluña, todo parece indicar que se volverán a publicar las órdenes con un retraso igual o mayor que el alcanzado en 2017.

Una pareja de ancianos caminando por la calle

'Casals de la Gent Gran'

Al Govern se le olvidó que el concurso público que cubría las actividades gratuitas de los Casals de la Gent Gran acababa el 31 de diciembre de 2017. No elaboraron el pliego de condiciones a tiempo y, de hecho, todavía no se ha publicado.

El concurso tardará como mínimo seis meses porque necesita una exposición pública de ámbito europeo. Es difícil que las actividades puedan retomarse a partir del 1 de septiembre de 2018 tal y como la Generalitat tiene previsto. El PSC ha impulsado mociones municipales al respecto.

Decreto de Escuela Inclusiva

A pesar de las nuevas dotaciones de profesionales para las unidades de apoyo a la educación especial, todavía hay una notable carencia de profesionales en la escuela ordinaria, lo que genera un problema de déficit de atención o atención inadecuada a los alumnos. Ello ha perjudicado y empobrecido la calidad de la educación pública y ha erosionado el modelo de escuela inclusiva e integradora. Esta carencia de recursos en los centros escolares públicos también ha provocado un colapso de los centros especializados (concertados) sin recibir el apoyo económico necesario.

Un grupo de alumnos en clase

El desgobierno actual no permite que se despliegue en su totalidad el Decreto de Escuela Inclusiva. La Generalitat afirma que todos los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) tienen plaza, pero la realidad no es así. El próximo lunes, el PSC registrará en el Parlament una propuesta de resolución reclamando más plazas de NEE en Santa Coloma de Gramenet porque existen padres que no pueden matricular a sus hijos en colegios públicos. La única solución que se les da es matricularlos en centros privados que muchas veces se encuentran fuera de la población y que las familias no pueden pagar.

Dependencia

Cataluña fue la comunidad autónoma con más lista de espera en dependencia en 2017 (más de 88.000 personas), y es una de las comunidades que menos invierte por catalán en este ámbito. Una de cada tres personas en lista de espera por dependencia en España es catalana. El Gobierno del PP infrafinanció esta ley con el objetivo de dejar paso libre al mercado privado. CiU, en su día, votó en contra de la Ley de Dependencia.

No obstante, la situación ha mejorado en el último trimestre del año 2017, en pleno 155. Según los datos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, durante la aplicación del 155 se han registrado 4.000 beneficiarios más que en septiembre de 2017. Asimismo, se han destinado 1.400 prestaciones más para cuidadores no profesionales.

Subvenciones a entidades (Benestar Social)

En 2017, se convocaron dos tipos de subvenciones. Por IRPF, la partida presupuestaria estaba lista en julio de 2017 y, en noviembre, se publicó la propuesta de resolución provisional. El plazo máximo de pago era enero de 2018, pero ni siquiera se ha publicado la resolución definitiva. Obviamente, la culpa no es del 155 ni de la intervención económica.

Respecto a las subvenciones por proyectos y actividades de entidades, en marzo de 2017 se publicaron las bases de la convocatoria y en noviembre se hizo la resolución definitiva y se autorizó el pago de algunas líneas cuando ya estaba vigente el 155. En diciembre, algunas entidades comenzaron a cobrar y otras no, sin conocer las causas.

Menores no acompañados

Un total de 1.281 menores extranjeros no acompañados (MENA) están en paradero desconocido. El desfase entre las plazas creadas por la Generalitat, que tiene la tutela, y los menores que llegan a Cataluña, en su mayoría de origen marroquí, hace temer que muchos de ellos estén durmiendo en la calle en lugares como la Ciutat de la Justicia.

Según los datos proporcionados por la Generalitat, en 2017 había en la región 7.449 menores y adolescentes separados de su familia por desprotección infantil y con medida protectora. 

Leyes pendientes de aplicación

La Ley de Derechos y Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia carece de presupuesto y de desarrollo reglamentario. La Ley de Lengua de signos catalana dispone de un presupuesto tan insuficiente que impide aplicarla.

Asimismo, la Ley 11/2014 para garantizar los derechos LGBTI y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, tampoco tiene presupuesto ni desarrollo reglamentario.

Desahucios y vivienda

Cataluña dedicó el año pasado solo el 0,63% del presupuesto de la Generalitat (30,6 millones de euros) a acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Es decir, 193 millones de euros, cifra que supone la mitad de lo que se destinó a ese concepto una década antes. Este porcentaje sitúa a la comunidad catalana en el vagón de cola de las autonomías. Por el contrario, la Comunidad de Madrid dedicó 411 millones en 2017, es decir, el 2,01% de sus presupuestos.

En paralelo, Cataluña es la comunidad con más desahucios, según la última estadística del Consejo General del Poder Judicial. En el último trimestre de 2017, registró 3.410 lanzamientos por impago de hipoteca, lo que representa el 22,3% del total nacional. Atendiendo solo a lanzamientos por impago de alquiler, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 2.186.