La decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de alargar la investigación de los dirigentes independentistas ha sido recibida como una mala noticia. Y no tanto por la posibilidad de que durante este tiempo aumente el número de imputados, que también, sino porque dinamita la estrategia de confrontación de Junts per Catalunya y ERC.

Llarena ha calificado oficialmente como compleja la causa del procés, lo que en la práctica se traduce en una ampliación de la causa hasta 18 meses. Tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado y la acusación particular que ejerce Vox se habían mostrado favorables a esa prórroga, dada la larga lista de imputados. La intención inicial del juez era agilizar la causa y celebrar el juicio en noviembre.

Sigue la confrontación del Estado

Los partidos independentistas desean que se resuelva cuanto antes la instrucción debido principalmente a la situación personal de sus dirigentes, encarcelados o fugados en Bruselas. Pero hay otros intereses ocultos de carácter partidista. Los republicanos, hartos del embrollo en el que les ha metido Junts per Catalunya, se encomiendan a las instituciones del Estado para salir del bloqueo. No se atreven a romper con los convergentes, pues se arriesgan a ser tildados de traidores.

No soluciona el embrollo la decisión de Carles Puigdemont de dar un paso al lado y ceder la candidatura a la presidencia de la Generalitat al presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, encarcelado en Soto del Real. También en el entorno del exalcalde de Girona arraigan las dudas sobre cómo salir del atolladero. De ahí que los nuevos convergentes hayan alentado la confrontación con el Estado para evitar la rendición y dejar que sean los jueces los que marquen implícitamente el camino hacia la investidura. Hoy es Jordi Sànchez, pero mañana puede ser Jordi Turull si Llarena impide que el primero sea investido. Y pasado mañana, Elsa Artadi…

La lista de investigados

La posibilidad de que, como anunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Tribunal Supremo aplicara una inhabilitación exprés a los dirigentes independentistas, pues así lo permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los casos de delitos graves o personas rebeldes, había infundido esperanzas sobre una rápida resolución de la situación personal de los imputados. Se habló del mes de marzo. Pero el propio Supremo enfrío esas expectativas al precisar que, para proceder a esa inhabilitación --técnicamente es una suspensión--, tendría que estar acabada la instrucción. Y ésta, como se ha visto, se prolongará.

Las investigaciones judiciales coartan las expectativas políticas de dirigentes como Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, los exmiembros de la Mesa del Parlament --Anna Simó, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Ginó--, los exconsejeros Carles Mundó, Raül Romeva, Joaquim Forn y Meritxell Borràs, así como del expresidente Artur Mas, Marta Rovira y Neus Lloveras. La prolongación de la causa puede facilitar que a esa “generación perdida” se sumen otros jóvenes dirigentes llamados a tomar el relevo secesionista. Es decir, que cuanto más largo y convulso sea el proceso de investidura y de formación de gobierno, más posibilidades hay de que haya más encausados. La decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent –valor en alza de ERC--, de tramitar ayer iniciativas soberanistas le han colocado bajo el foco del Gobierno y de la Fiscalía.