Jornada de reuniones, ruedas de prensa y corrillos políticos la que ayer se celebró en el Parlament de Cataluña, donde su presidente, Roger Torrent, plantó cara por tercera vez a Carles Puigdemont, empeñado en ser investido a distancia.
La pugna entre Junts per Catalunya y ERC se mantiene y, con ella, el bloqueo de la nueva legislatura. “O Puigdemont da un paso al lado o presentamos nosotros candidato alternativo”, es el ultimátum dado por los republicanos. ¿Serán capaces de dar el paso? El problema es que ni ERC ni el equipo del expresidente catalán tienen mucho donde elegir, pues sus primeras espadas están imputados, en prisión provisional o fugados en Bélgica. Y es la propia ERC la que puso como condición que el futuro jefe del gobierno catalán esté libre de cargas judiciales. Sin embargo, un posible pacto de izquierdas con los comunes y PSC es la bala que ERC guarda desde hace tiempo en la recámara.
El farol de Jordi Sànchez
Que Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), pueda coger el testigo de Puigdemont es, bajo el prisma republicano, un intento de prolongar la agonía y perpetuar la vigencia del artículo 155 de la Constitución. Para Junts per Catalunya, el candidato sigue siendo el exalcalde de Girona y todos los nombres que suenan como alternativa son conjeturas. Quieren investir a distancia a Puigdemont y ayer dejaron claro su enfado tras la decisión de Torrent de no admitir la reforma de la ley de presidencia y del Govern que permitiría ungir virtualmente a su candidato.
Solo la reunión semanal de la Mesa de la Cámara catalana, un órgano de gestión que habitualmente apenas despierta interés, mantiene la actividad y la atención informativa. De ahí que la inclusión en el orden del día de la propuesta de reforma presentada por JxCat despertara una gran expectación mediática. No prosperó, pues Torrent decidió esperar a que los letrados del Parlament emitan un informe sobre esa propuesta de cambio legal. Los juristas ya avanzaron oralmente que no ven clara esa reforma.
Apelación al Tribunal de Estrasburgo
El presidente del Parlament ya había dejado en suspenso la semana pasada la tramitación de la reforma presentada por los convergentes –sin la firma de ERC— y, en su lugar, anunció que pediría el amparo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ante los impedimentos puestos por el Tribunal Constitucional para que Puigdemont sea candidato. Esta iniciativa unilateral no agradó a JxCat, lista consciente de la carga dilatoria que conlleva. Era la segunda vez que Torrent dejaba en fuera de juego a los convergentes, después de que, el 30 de enero, aplazara el pleno de investidura por carecer de garantías legales.
A la tercera no va la vencida en este caso, porque nadie sabe a ciencia cierta qué sucederá en los próximos días y si la división independentista se saldará con una nueva convocatoria de elecciones. Hay división de opiniones dentro de ERC, donde hay dirigentes que están convencidos de que habrá investidura “dentro de quince días” –así lo manifestó ayer en petit comitè un miembro de la ejecutiva republicana— mientras que otros auguran un avance electoral, dado el enrocamiento de la guardia pretoriana de Puigdemont.
Por su parte, en Junts per Catalunya hay un doble frente abierto. Por un lado, el agotamiento comienza a hacer mella en el club de fans de Puigdemont, donde Josep Costa, vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, sublevó a los suyos al secundar el recurso de Torrent al Tribunal de Estrasburgo. Asimismo, Elsa Artadi ha comenzado a desmarcarse de ese núcleo decisorio. Escatima sus apariciones públicas y se autodescarta como candidata alternativa a Puigdemont. Los nuevos convergentes necesitan mantener la agitación de su electorado y, aunque resulte perverso, parecen querer prolongar el 155 para ello.