El millonario e inútil gasto jurídico del 'procés'

El Gobierno ha decidido obviar el informe del Consejo de Estado, contrario a impugnar la candidatura de Carles Puigdemont, y seguirá adelante con su recurso ante el Tribunal Constitucional. “No es vinculante”, alega el Ejecutivo. Idéntica reflexión han efectuado a lo largo del tortuoso procés las formaciones independentistas que gobiernan Cataluña. PDeCAT, ERC y CUP han obviado los dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries y de los letrados del Parlament, con la excusa de que no son vinculantes. 

Teniendo en cuenta que tanto el Gobierno como la Generalitat disponen en paralelo de sus servicios jurídicos, cabe plantearse la utilidad del Consejo de Estado y del Consell de Garanties, órganos con presupuestos y sueldos millonarios a cargo del erario público, integrados por juristas de reconocido prestigio a los que se hace caso omiso.

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Sede del Consejo de Estado en Madrid

El Consejo de Estado, órgano consultivo reconocido en la Constitución española, elabora dictámenes a petición del presidente del Gobierno o los ministros, así como los presidentes de las comunidades autónomas. Actualmente está presidido por el exministro de Sanidad del PP José Manuel Romay Beccaria, con un sueldo anual de 78.587 euros. También integran el Consejo de Estado consejeros permanentes, natos, electivos y el secretario general. Cuenta con un presupuesto anual que alcanza los 11 millones de euros, de los cuales 850.000 corresponde al sueldo de altos cargos.

Desde 1987 ha efectuado 66.826 dictámenes. Según el artículo 2 de la ley que regula esta entidad, el Consejo “emitirá dictamen sobre cuantos asuntos sometan a su consulta el Gobierno o sus miembros. La consulta al Consejo será preceptiva cuando en esta o en otras leyes así se establezca, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario”.

La sede del Consejo es el Palacio de los Consejos, un edificio barroco del siglo XVII situado en el Madrid de los Austrias.

El 'tribunal constitucional catalán'

Por su parte, el Consell de Garanties Estatutàries, presidido por el catedrático de Derecho Civil Joan Egea, es la institución de la Generalitat que vela por la adecuación de las normas con rango de ley al Estatuto y a la Constitución. Durante el procés, la Mesa del Parlament –con mayoría independentista— se negó a acatar las advertencias de este tribunal constitucional catalán, contrario a la tramitación de las leyes de ruptura.

El Consell está integrado por nueve consejeros nombrados por el presidente de la Generalitat, seis a propuesta del Parlament y tres a propuesta del Govern, entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia. Los consejeros cobran anualmente 121.050 euros, pero en el caso del presidente hay que añadir un complemento de 8.330 euros, mientras que en el caso del vicepresidente, Pere Jover, y del consejero secretario, Àlex Bas, se suman 6.545 euros a cada uno.

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La sede del Consell de Garantíes Estatutàries

El Consell se constituyó el 24 de noviembre de 2009 en sustitución del anterior Consejo Consultivo, órgano que también tienen el resto de comunidades autónomas. El año pasado elaboró 16 informes. Está situado en el Palau Centelles, edificio señorial propiedad de la Generalitat correspondiente al siglo XVI. Cuenta con un presupuesto de 3,2 millones, la mitad destinado al sueldo de altos cargos.

El artículo 76.4 del Estatut de 2006 establecía que los dictámenes del Consell tenían carácter vinculante, pero la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 le retiró esta categoría porque "perjudica al monopolio de rechazo a las normas con carácter de ley reservado por el artículo 161 de la Constitución" al alto tribunal.

Los letrados del Parlament

También ejercen como institución consultiva los letrados del Parlament, que dependen del secretario general. Al igual que el Consell de Garanties, la Mesa con mayoría secesionista también desoyó una y otra vez los informes de los letrados, críticos con las tramitaciones de iniciativas rupturistas.

Entre sus funciones se encuentra la asistencia, el asesoramiento y el apoyo a los trabajos parlamentarios de los órganos de la Cámara. El letrado mayor es Antoni Bayona, que cobra 3.896 euros al mes, pero este cuerpo jurídico está integrado por la secretaria, ocho letrados –con un sueldo mensual de 3.273 euros-- y el responsable de la secretaría de Servicios Jurídicos.