El año 2018, desde el punto de vista sindical, empieza con dos noticias contradictorias. Una positiva, la del acuerdo de los sindicatos, la patronal y el Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) que a pesar de los condicionamientos establecidos por el Gobierno puede comportar llegar a finales de la legislatura con un SMI de 850 euros. La otra noticia, la negativa, es que las pensiones han perdido poder adquisitivo con un incremento magro muy por debajo de la inflación.

Estas dos noticias podrían enmarcar los objetivos de la acción sindical para 2018. Este año, cuando se divisa una cierta superación de la crisis, tiene que ser un año de fuerte ofensiva sindical para recuperar los derechos sociales, laborales y sindicales, y para mejorar la situación de la clase trabajadora muy deteriorada por los años de la crisis.

Todos sabemos que las situaciones de crisis son negativas y perjudiciales para el movimiento sindical y para los intereses de la clase trabajadora. Por la misma razón los momentos de recuperación económica son los más proclives para hacer avanzar las demandas de la clase trabajadora y del conjunto de las clases populares.

Este tiene que ser un año de fuerte ofensiva sindical para recuperar los derechos sociales, laborales y sindicales, y para mejorar la situación de la clase trabajadora

Hemos dicho que el incremento del SMI es una noticia positiva. Y lo es en ella misma y porque ayuda a marcar una tendencia. Ha llegado el momento de luchar para conseguir recuperar y mejorar el nivel de los salarios castigados durante la crisis. Este año los salarios se tienen que situar claramente por encima de la inflación. En este sentido es positiva y razonable la propuesta de un incremento mínimo del 3%, que se negocie al alza también de acuerdo con la situación de las empresas, con cláusula de revisión salarial y conseguir más incremento para los salarios más bajos.

Los incrementos salariales junto con la creación de puestos de trabajo fijos y de mejor calidad son una base imprescindible para hacer frente a las necesidades de los trabajadores y de la sociedad. Unos mejores puestos de trabajo, más seguros y mejor retribuidos permitirán sin duda conseguir un crecimiento económico más racional y equilibrado, a la vez que mejorará el consumo, la recaudación fiscal y reducir la desigualdad creciente de los últimos años. Pero la creación de más ocupación de calidad y mejores salarios también es la principal garantía para conseguir un mejor crecimiento de los ingresos para las pensiones que no se tiene que olvidar que es el salario diferido de los asalariados.

Y hablando de pensiones hay que reivindicar la urgencia de que el Pacto de Toledo revise y mejore los capítulos de ingresos para hacer frente al futuro a las pensiones. En este sentido no hay que ir a nuevos planteamientos ni a cambios inventivos en la regulación de las pensiones. Lo que hace falta es garantizar que el crecimiento económico se concrete creando más puestos de trabajo y con mejores salarios. Y establecer mejoras en los ingresos de la Seguridad Social como pueden ser la subida del actual límite de cotización para los salarios más altos a la vez que el coste de las pensiones de viudedad y orfandad se financien con cargo a los presupuestos del Estado pero manteniéndolas en el marco de la Seguridad Social. Y es necesario revisar la última reforma unilateral de pensiones del PP volviendo a la revisión automática de las pensiones según el incremento de precios que garantice el poder adquisitivo de las pensiones así como la eliminación de los índices correctores como el "factor de sostenibilidad" para el cálculo de las futuras pensiones.

La lucha contra la desigualdad social sólo puede ser encabezada por el sindicalismo confederal y la clase trabajadora

Estas reivindicaciones deben comportan cambiar los aspectos más lesivos de las reformas laborales y de pensiones efectuadas por el PP. Hay que restituir los derechos a la plena negociación colectiva dando preeminencia a los convenios de sector, limitar la contratación precaria, tanto la temporal como la parcial a los casos estrictamente necesarios, e implementar nuevos derechos laborales y sindicales como el de la participación en la gestión de las empresas, siguiendo modelos como el alemán.

La lucha contra la desigualdad social sólo puede ser encabezada por el sindicalismo confederal y la clase trabajadora. Si antes nos hemos referido a la necesidad de mejorar los salarios reales de los trabajadores y su salario diferido (las pensiones), en el tema de la desigualdad hay que reivindicar el salario social de las clases trabajadoras muy vinculado a la tarea redistributiva de la riqueza, la cual tiene que venir determinada por un sistema fiscal equitativo.

Combatir la desigualdad significa mejorar los servicios sociales públicos que tanto han sufrido con la crisis, sanidad, educación, servicios sociales, pero también transportes e infraestructuras. Un mayor esfuerzo presupuestario en estos ámbitos permitiría no sólo la mejora de las condiciones sociales de la ciudadanía sino a la vez la potenciación de un gran nicho o filón de creación de puestos de trabajo.

Este es el gran reto y la gran apuesta del sindicalismo confederal. El 2018 tiene que ser el comienzo de la recuperación no sólo macroeconómica, de grandes cifras, sino de la vida real de las clases trabajadoras y de la ciudadanía y tiene que hacer evidente que hay un futuro de esperanza.