El Consejo de Ministros ha acordado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la investidura del candidato a la Generalitat Carles Puigdemont. El Gobierno de Mariano Rajoy desoye así al Consejo de Estado, su órgano consultivo, y lleva a los tribunales la sesión del Parlament para el nombramiento del cabeza de lista de JxCat.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que, "con todo el respeto al parecer del Consejo de Estado", en esta situación "inédita" es mejor actuar por adelantado y "evitar males mayores". El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) "para evitar que alguien que está voluntariamente huido de la justicia pueda ser ilegítimamente investido y ser presidente".
Delitos "muy graves"
De Santamaría ha repetido en varias ocasiones que Puigdemont está con una orden "de busca y captura" en territorio nacional por los posibles delitos de "sedición, rebelión y malversación" y que, por tanto, antes de querer presidir la Generalitat "tiene que rendir cuentas ante la justicia"; "ponerse a disposición del Tribunal Supremo" cuando regrese, si es que regresa, a España. El candidato, ha repetido, tiene que estar presente en el Parlament.
La vicepresidenta ha definido los delitos que se imputan a Puigdemont como "muy graves" contra la democracia y las instituciones del Estado. Motivos suficientes para, según su parecer, impedir que sea investido y que el presidente del Parlament, Roger Torrent, lo presente como candidato. Ahora la pelota está en el tejado del TC, que debe decidir si admite o no a trámite el recurso. En caso afirmativo, el pleno del martes en la Cámara autonómica quedará suspendido.
¿Y Junqueras?
En relación con el caso omiso hecho al Consejo de Estado, asegura que ese órgano consultivo "comparte los argumentos jurídicos" pero discrepa sobre el momento, y recuerda que su dictamen no es vinculante. ¿Qué ocurriría si Puigdemont volviese a España para la sesión de investidura? "El Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político".
"Nuestra obligación es defender la legalidad y la democracia, la Constitución y las leyes ofrecen un marco jurídico para hacerlo", ha añadido. ¿Podría ser Oriol Junqueras, en prisión preventiva, candidato? "El candidato tiene que estar presente; eso corresponde al tribunal y no al Gobierno".