El fiscal se ha mostrado hoy contrario a que el juez Pablo Llarena ordene el regreso a la prisión preventiva de los exconsejeros de la Generalitat Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull y Josep Rull, tal y como pedía la acusación popular ejercida por Vox.
Este partido ejerce la acusación en el sumario abierto en el Tribunal Supremo para investigar el procés hacia la declaración unilateral de independencia en Cataluña, un sumario en el que están imputados los citados exconsellers y en el marco del cual estuvieron en prisión provisional.
Cambio de posición
La Fiscalía se mostró a favor de la prisión preventiva para estos seis exconsellers el pasado 1 de diciembre, cuando comparecieron ante el juez Llarena para que se revisara su situación.
En aquella ocasión el magistrado los dejó salir de la cárcel con fianzas de 100.000 euros cada uno. Ahora la fiscalía reconsidera su posición de entonces y señala que no es necesario que el juez cambie su criterio.
"El ministerio fiscal, que en su día solicitó la prisión preventiva para los afectados por el recurso, aceptó los argumentos del auto recurrido, aquietándose con el criterio del magistrado instructor", dice el escrito.
Descarta el riesgo de fuga
En cuanto al riesgo de fuga, el fiscal destaca "el profundo arraigo" de los imputados "en la Comunidad Autónoma de Cataluña" y también que "han descartado la situación de rebeldía que emprendieron otros encausados".
"Creemos que ese riesgo, desdibujado ya en la resolución impugnada por el arraigo comunitario y familiar de los encausados actualmente en libertad, no se ha incrementado ni siquiera por los intentos infructuosos y controlados por la policía y el juez de renovación del pasaporte de alguno de los afectados", añade.
La última parte de la frase alude a la conducta de Jordi Turull, exconseller de Presidencia, quien acudió a una comisaría de la Policía Nacional de Barcelona para pedir renovar el pasaporte, algo que impidió el magistrado.
Sin riesgo de alteración de pruebas
El fiscal, que no ve razón para temer alteración de pruebas por parte de los imputados, asume la tesis del juez de que, en el caso de los esconsejeros, aunque persista el peligro de reiteración delictiva, cabe minimizar las consecuencias que tendría dicha conducta.
Y, en último término, concluye el fiscal, "el tiempo de permanencia en libertad [...] no se ha aprovechado por los investigados concernidos por el recurso para dirigir o materializar actuaciones de fuga, reiteración del delito o destrucción del acervo probatorio".