Así sería la difícil reforma constitucional que los 'indepes' aceptarían

Ahora es complicado. Y lo es si la reforma sirve, en realidad, para “contentar” a los independentistas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo dejó claro este miércoles en el día de la Constitución. Pero el consenso comienza a ser importante: se dibuja a corto plazo una reforma de la Carta Magna que, en función de cómo se afrontara, podría lograr el apoyo de una parte del independentismo, esa parte de la sociedad catalana que se sumó a la causa sólo de forma circunstancial en los últimos años, molesta por la falta de reacción política del Gobierno del PP.

Esa reforma, en una línea federal, pero con una disposición quinta que incluyera los elementos singulares, la defienden algunos expertos como Marc Carrillo, que propone “constitucionalizar la diferencia” como salida para reconducir el conflicto.

El momento no es el más adecuado. El proceso soberanista, con la organización del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia posterior en el Parlament, ha provocado una cuestión añadida: el resto de territorios están ahora menos dispuestos a afrontar una reforma que pueda ser presentada como una respuesta al independentismo. Lo explica Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, que ha reunido a los mayores expertos del país para que reflexionen sobre las posibilidades de una Cataluña independiente.

El 'procés' ha creado anticuerpos

El resultado es un denso conjunto de artículos publicados en El Cronista, la revista que él mismo dirige. Muñoz Machado sentencia: “Es más difícil hoy programar reformas, constitucionales y estatutarias, que reconozcan singularidades a la relación de Cataluña con el Estado que difieran del régimen común. Es decir, formular reformas que recojan de forma concreta algún ‘hecho diferencial’ catalán. Los demás territorios del Estado parecen estar menos dispuestos que nunca a aceptarlo”.

Sin embargo, los actores políticos sí han acercado posiciones sobre una cuestión: si se desactiva una parte del independentismo, con fórmulas de carácter federal y aceptación “constitucional” de algunas singularidades, España podría contar con un nuevo horizonte temporal para seguir avanzando. Lo ve así el PSC (y en eso se centra la campaña de Miquel Iceta), y el PSOE, también Podemos, y Ciudadanos, aunque sin contar con esas “asimetrías”.

El PP está dispuesto a intentarlo, como apuntó este mismo miércoles Rajoy, siempre que se logre el máximo consenso.

Marc Carrillo se lanza a ello. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Pompeu Fabra. Es sensible con el soberanismo, pero no ha apoyado la celebración de un referéndum que no fuera pactado. Como miembro del Consejo de Garantías Estatutarias, en 2014, no avaló la ley de consultas, bajo la cual Artur Mas acabó convocando el 9N. Emitió un voto particular y reclamó que esa consulta sólo podía ser un referéndum, pero siempre con la autorización del Estado.

Una reforma federal garantiza la colaboración

Lo que plantea Carrillo es una reforma del Título VIII de la Constitución –al margen de que la reforma se planteara para otras cuestiones y no sólo para resolver el asunto territorial— de carácter federalizante. Eso implica que se debería, a su juicio, constatar una sola lista de competencias estatales, dejando el resto, las que no se fijen en el texto constitucional, en manos de las comunidades autónomas.

Eso se sumaría a “unas muy pocas competencias concurrentes y una regla de distribución competencial basada en el principio de subsidiariedad”. En paralelo, y para asumir esa reforma con garantías, el Senado se debería convertir en la cámara territorial, a imagen y semejanza del Bundesrat alemán.

Eso es clave, porque “podría permitir disponer de una asamblea no sólo legislativa, sino también de un foro cooperativo para el Estado y las comunidades autónomas”. Y es que un estado federal es, principalmente, un estado que “incorpora instrumentos jurídicos de colaboración”, y que facilita la participación de las autonomías en los procesos de decisión de las instituciones del Estado, “y, sobre todo, las relaciones del Estado y las comunidades con la Unión Europea”.

Instrumentos bilaterales

También se debería fijar, según la propuesta de Carrillo, las reglas generales sobre la participación de las autonomías en el rendimiento de los tributos estatales, “así como los mecanismos de nivelación y de solidaridad, en relación a los cuales el principio de ordinalidad que ofrece la experiencia comparada es un referente que retener”.

Pero lo que añade Carrillo es que esa reforma del Título VIII se debería completar con una disposición adicional quinta específica para Cataluña. No un precepto genérico, como lo es la actual disposición adicional primera para los territorios forales, sino aspectos a los que la propia Constitución y no el Estatuto les atribuiría el máximo rango jurídico.

Aquí figuraría la especificación de materias competenciales en enseñanza, cultura, servicios sociales o administración local; instrumentos bilaterales respecto a la financiación; inversiones en infraestructuras o el régimen de las lenguas oficiales.

Disposición adicional para materias singulares

La reforma, claro, se sometería a referéndum en toda España, con la idea de que contara con un amplio apoyo en Cataluña. La idea no es contentar a los independentistas, pero ¿qué pasaría si una reforma de la Constitución no lograra el sí en Cataluña?

Otro experto, el Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, José Antonio Montilla Martos, se pronuncia en términos parecidos a Carrillo, con la idea de alcanzar un gran “acuerdo en el marco constitucional”. Pero, a diferencia de Carrillo, no propone una quinta disposición adicional (DA) sólo para Cataluña, sino introducir disposiciones adicionales “referidas a la lengua o al derecho civil”, a aquellas materias en las que existen singularidades, y que puedan ser aplicadas tanto a Cataluña como a otras comunidades, “de la misma forma que la DA primera no es aplicable sólo al País Vasco sino también a Navarra”.

Con ello se podría favorecer que otros territorios, siguiendo la advertencia de Muñoz Machado, estuvieran más predispuestos a la reforma.

Materiales, propuestas y consensos académicos ya existen. Ahora será el turno de los partidos políticos, a la espera de lo que suceda el 21D en Cataluña.