Registro en el Instituto de Estadística de Cataluña en busca del censo del 1-O

La Policía Nacional ha entrado a primera hora de la mañana de este martes en la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) en busca de información sobre el referéndum del 1 de octubre. Un registro que ha finalizado pasadas las 15 horas y que pretendía encontrar información sobre el censo que usó el Govern para la votación.

La entrada en el Idescat coincide con el arranque de la campaña electoral para los comicios del 21 de diciembre. Los agentes han accedido al edificio por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, después de que el Idescat no proporcionara la información requerida. Se trata de la misma sala que ordenó los registros en la sede de la consejería de Economía del 20 de septiembre. 

El exsecretario general de Economía y número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, encargó al Idescat actualizar y digitalizar el censo, tal como aparece en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) a fecha de 18 de septiembre, dos días antes de que fuera detenido. Tras el arresto, desde el Idescat afirmaron que el encargo de Jové no tenía nada que ver con el referéndum, sino que se trataba de delimitar las secciones censales, que sirven tanto para elecciones como para la planificación del transporte público, entre otros usos.  

Datos personales

El juez sustituto del titular es quien ha ordenado el registro. El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer está pendiente de la resolución sobre su recusación del caso que investiga la organización del 1-O presentada por las defensas.  

La intención de la operación es descubrir cómo la Generalitat accedió a los datos de los ciudadanos. Una elaboración irregular del censo podría constituir un delito de revelación de secretos. Precisamente el acceso a los datos personales de los votantes era una de las principales preocupaciones del Govern para la organización del referéndum y la creación de las estructuras de Estado, como la Agencia Tributaria Catalana. 

Hace unas semanas, Ramírez abrió una pieza separada para investigar un presunto delito de revelación de secretos en referencia al envío de las notificaciones para formar las mesas electorales el 1-O. También se indaga si se pudo cometer la misma falta en la confección de la página web en la que los ciudadanos podían consultar dónde podían ir a votar.