La aplicación del artículo 155 de la Constitución ha supuesto un mazazo para los medios de comunicación privados que viven de las subvenciones públicas. El Gobierno de Mariano Rajoy ha bloqueado 7,3 millones de euros aprobados por la Generalitat para 2017, según han informado fuentes del sector a Crónica Global. Lo ha hecho en el peor momento posible, en plena campaña de las elecciones del 21D, pues el objetivo no es otro que reducir los apoyos mediáticos que el independentismo institucional ha utilizado hasta ahora.
El Ejecutivo niega ese bloqueo pues, afirma, son partidas que ya estaban contempladas en los presupuestos para este año, pero desde el Govern se asegura que el 155 ha paralizado la ejecución de esas ayudas.
La congelación de ese dinero público, basado en criterios de difusión --no incluye publicidad institucional o ayudas por proyectos concretos--, castiga especialmente a publicaciones de ámbito local. Los ingresos públicos que reciben la mayoría de esos medios suponen el 80% del total de sus ingresos. El daño, advierten esas fuentes, afecta a un tejido periodístico muy arraigado en el territorio.
PDeCAT 'versus' ERC
De esos 7,3 millones, 1,4 millones están destinados a los grupos Godó y Zeta, es decir, a las editoras de La Vanguardia y El Periódico. Sin embargo, los grandes medios tienen una capacidad de negociación mayor. Aseguran las fuentes consultadas que la interlocución entre la Moncloa y el conde de Godó, por ejemplo, no se ha interrumpido en los últimos meses de enfrentamiento independentista.
Hay que tener en cuenta que la última palabra en la gestión de esas subvenciones la tienen Víctor Cullell y Joaquim Nin, secretario de Govern y secretario de Presidencia, respectivamente, vinculados a PDeCAT. La derivada política de esta situación es que los medios más próximos a la nueva Convergència estarían en una situación más favorable que los que tradicionalmente controla ERC. Dicho de otra manera, la pugna electoral se ha hecho extensiva al ámbito informativo.
No es casual que Hermes Comunicació, editora de El Punt Avui, haya anunciado el recorte de 80 trabajadores. La empresa culpa al 155, y sus efectos en la reducción de ayudas públicos, de ese Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Los empleados de este diario proindependentista han anunciado que harán huelga del 5 al 22 de diciembre, coincidiendo con la campaña.