Acoso total al juez que investiga el 1-O

El juez de Barcelona que investiga el referéndum secesionista ilegal del 1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha sido una de las víctimas de la campaña de acoso que el independentismo catalán radical ha lanzado en las últimas semanas contra magistrados y fiscales en esta comunidad, en el marco del procés.

Los extremistas han realizado pintadas ofensivas contra Ramírez Sunyer en su domicilio y en las cercanías de su segunda residencia, hasta el punto de que el propietario de esta --ubicada en la localidad de El Port de la Selva (Girona), en la Costa Brava-- ha decidido no renovarle al juez el contrato de alquiler, según avanzan El Mundo y El País.

Las pintadas en El Port de la Selva aparecieron hace un mes y le instaban a abandonar el pueblo: "Fora J 13" y "MS J13 Fora de Port". Las de su residencia son de hace unos días.

Instructor del tumulto ante la Consejería de Economía

Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y de 70 años de edad, investiga desde 2016 la creación de las estructuras de Estado paralelas por parte de la Generalitat para avanzar hacia la secesión. Fue el juez que ordenó los registros en la Consejería de Economía de la Generalitat --entre otras dependencias autonómicas-- el 20 de septiembre con el objetivo de impedir el 1-O, y posteriormente abrió diligencias por sedición --en referencia al tumultuario acoso a la comitiva judicial y a los agentes de la Guardia Civil en dicha consejería durante horas--.

Este proceso derivó en la prisión incondicional preventiva para los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural --Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-- ordenada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Jueces piden el traslado

Estos ataques se suman a otros denunciados por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. "No conozco a ningún constitucionalista que haya ido a amenazar, a coaccionar o a pintar la fachada de ningún independentista. Y sí a muchos independentistas que han hecho escraches a los jueces, pintadas en los comercios y en las viviendas y han cortado los suministros de energía a servidores públicos como jueces y fiscales", aseguró Catalá este miércoles en el Congreso.

Un día antes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, reveló que varios jueces destinados en Cataluña han pedido su traslado por la "situación de tensión personal" desencadenada por el proceso independentista.

Acoso a la fiscal jefe

El mismo miércoles también trascendió que unos desconocidos asaltaron el pasado fin de semana la segunda residencia que la fiscal jefe de Barcelona, Anna Maria Magaldi, tiene en un pueblo del Pirineo. Le cortaron la calefacción, causaron daños en el riego por aspersión y le desconectaron la antena de televisión, tras forzar el trastero donde se encuentra la caldera de la vivienda.

Hace unos meses Magaldi fue acosada por radicales independentistas durante el juicio por el 9N.