Luis Navajas, el fiscal general del Estado en funciones tras la repentina muerte de José Manuel Maza / EFE

Luis Navajas, el fiscal general del Estado en funciones tras la repentina muerte de José Manuel Maza / EFE

Política

Luis Navajas, fiscal general del estado en funciones

El teniente fiscal del Tribunal Supremo asume por ahora las responsabilidades mientras el Gobierno abre el proceso de elección

19 noviembre, 2017 14:38

Luis Manuel Navajas, teniente fiscal del Tribunal Supremo, asume por ahora las funciones de la fiscalía general del Estado. Lo hará hasta que el Gobierno elija al nuevo responsable del Ministerio Público, un proceso que se abre ahora y que se prolongará como mínimo dos semanas.

El sustituto provisional de José Manuel Maza, fallecido de forma repentina por una infección renal en Buenos Aires, fue uno de sus colaboradores estrechos en las últimas causas instruidas. Especialmente en la que hace referencia al proceso independentista catalán.

Acompañó a Maza

Acompañó al fiscal desaparecido en la presentación de las querellas contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de los miembros de su Gobierno, acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. También hizo lo propio con la causa abierta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el resto de responsables de la mesa que tramitaron la declaración simbólica de independencia.

En cuanto a la sucesión, el Gobierno debe elegir a la persona que crea más adecuada par el cargo. Se debe centrar en juristas de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio de la profesión, tal y como marca la ley. Además, en esta ocasión la presión se redobla por el papel que ejercerá el sustituto en el caso catalán y por las críticas sobre la presunta falta de parcialidad del fiscal general fallecido.

Proceso de elección

El responsable del Ministerio Público es nombrado y cesado por el rey a propuesta del Ejecutivo central tras el acuerdo del consejo de ministros, pero antes debe contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ser óido por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Así consigue el beneplácito del legislativo.

En su nombramiento intervienen los tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. El cargo es para cuatro años.