La Guardia Civil investiga si la Consejería catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias vertió dinero para proyectos sociales en el referéndum ilegal de secesión del pasado 1 de octubre.
El instituto armado analiza dos denuncias anónimas que aseguran que el departamento de Dolors Bassa, hoy en prisión preventiva por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, inyectó dinero en la estructura informática de la consulta ilícita.
Los agentes examinan dos quejas anónimas que apuntan en la misma dirección: a la empresa DXC Technologies, una escisión de Hewlett Packard. Ambas forman parte del sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización de la cita electoral.
Máxima prioridad
Según el primer escrito, que obra en poder de la Brigada Provincial de Información, la Consejería habría encargado a esta empresa un proyecto "secreto y de máxima prioridad" llamado TAULAT para entregar antes del 1 de octubre.
El encargo, que consistía en la provisión de sistemas informáticos, se vehiculaba mediante el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTiTI).
Las dimensiones del mismo y sus "peculiaridades", según el documento, hacen sospechar que se trataba de un contrato para crear "una estructura de estado".
Agencia de Protección Social
La segunda denuncia, también anónima y parte del sumario, sostiene que Trabajo y Asuntos Sociales estaba utilizando la Agencia Catalana de Protección Social, situada en la calle Taulat de Barcelona, para crear el software del referéndum.
Según la persona que aportó la información, el departamento de Bassa "utilizaba presupuesto de otros gastos de prestaciones para contratar personal para ese fin".
Por ello, la Guardia Civil cree ver indicios de que "era el departamento de Bienestar Social el que daba cobertura al proceso de independencia y a la preparación del referéndum, lo cual podría confirmar lo expuesto por ambos comunicantes de forma separada".