Puigdemont en la hora cero: entre los tribunales y el ridículo

Pocos discursos políticos han despertado tanta expectación en los últimos años como el que pronunciará hoy el presidente Carles Puigdemont en el Parlamento catalán. La intervención será examinada con lupa, no solo por sus compañeros de aventuras independentistas, sino por la Justicia y por el Gobierno español.

El dirigente convergente arriesga mucho en esa citación parlamentaria, convocada inicialmente el lunes para proclamar los resultados del 1-O con base en la Ley del referéndum, pero reducida a una simple comparecencia para “informar sobre la situación política” que tendrá lugar hoy. El cambio se debe a la suspensión dictaminada por el Tribunal Constitucional en respuesta a un recurso de amparo del PSC.

La encrucijada

El aséptico enunciado de la sesión plenaria esconde la posibilidad de que, finalmente, se altere el orden del día y se introduzca la opción de votar algún tipo de declaración o proclamación. Sin embargo, Puigdemont se encuentra en una decisiva encrucijada.

Por un lado, está obligado a contentar a su propio partido, PDeCAT, donde se ha producido un goteo de dirigentes contrarios a una ruptura unilateral. El consejero de Empresa, Santi Vila; el expresidente de la Generalitat Artur Mas y, más recientemente, la coordinadora de los convergentes, Marta Pascal, han dado un paso atrás ante una DUI que podría desencadenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española (suspensión de la autonomía catalana, muy posiblemente para convocar elecciones). El Gobierno de Mariano Rajoy está preparado para ello, cuenta con el apoyo de Ciudadanos y se espera que del PSOE, tal como dejó entrever ayer el secretario general socialista, Pedro Sánchez.

Simbólica, en diferido...

El Ejecutivo del PP no aceptará una DUI simbólica o en diferido, esto es, una proclamación del inicio del camino hacia la independencia, lo que incluye mediación o negociación, para concluir en seis meses en unas elecciones constituyentes. De hecho, la ley de transitoriedad contempla ese escenario. Pero tras la celebración del referéndum, Rajoy está obligado a dar un golpe de efecto definitivo. Se lo pide Ciudadanos, pero también su propio partido, que electoralmente da Cataluña por perdida. La masiva manifestación en contra de la independencia celebrada el domingo en Barcelona apunta hacia un restablecimiento definitivo del Estado de derecho. Y a eso se ha comprometido el líder del PSOE.

Pero edulcorar demasiado esa DUI choca con la presión de algunos dirigentes de ERC, pero, sobre todo, con la CUP y las dos entidades independentistas que tienen el control de las movilizaciones callejeras, Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que ya han convocado una concentración ante las puertas del Parlament. Los antisistema y estas asociaciones quieren que hoy se declare oficialmente la independencia de Cataluña. Así lo pidieron 2,2 millones de catalanes el 1-O, afirman.

Pero Puigdemont sabe que no cuenta con apoyo internacional ni con una base social suficiente. Y también conoce las consecuencias personales de actuar, de nuevo, al dictado de la CUP: la suspensión o inhabilitación, e incluso una detención. De ahí que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya retirado a los Mossos d’Esquadra la exclusividad de la protección del Palacio de Justicia, sede del alto tribunal catalán, en previsión de posibles incidentes.