“Como Puigdemont pronuncie la frase, será detenido”

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dan por seguro que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, será imputado (y, posiblemente, detenido) por un nuevo delito de desobediencia o de sedición o rebelión en caso de que proclame públicamente la independencia de Cataluña.

Voces de la Guardia Civil reconocen que están preparadas para esa eventualidad en caso de que la juez Mercedes Armas les ordene ésta u otras detenciones. Esta magistrada del TSJC es la instructora de la causa principal por el 1-O, en la que el aforado Puigdemont y la totalidad de su Gobierno están imputados.

Guardia Civil o 'mossos'

Magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona, sin embargo, son del parecer que, de producirse la detención, lo sensato sería que fuesen los propios mossos d'esquadra quienes, por una cuestión de decoro profesional, se encargasen de ejecutar una orden de ese calado que supondría, ni más ni menos, que la detención del máximo mandatario del Gobierno autonómico.

Puigdemont y demás

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que si finalmente el president Puigdemont no declara la DUI, o si formaliza una declaración de intenciones “razonablemente ambigua”, los mecanismos coercitivos en manos del TSJC podrían quedar suspendidos. Pero no existe unanimidad al respecto.

Los sectores más conservadores de la judicatura sugieren que, aun no declarando la DUI, Puigdemont podría ser nuevamente imputado. No sólo eso. Algunos, incluso, sugieren que en caso de atribuir sedición o rebelión al presidente de la Generalitat, Puigdemont no estará solo. “Todos aquellos que hayan participado de una forma concreta y activa en el proceso sedicioso pueden ser imputados o detenido: altos cargos políticos, funcionarios, periodistas y aquellas otras personas que hubieren alentado la consumación del ilícito penal.

Código Penal versus política

“La herramienta del Estado es el Código Penal”, dicen estos jueces, que no contemplan posturas comedidas y poco lesivas ante una caso de esta trascendencia nacional.

La sombra de la detención de Puigdemont sobrevuela Cataluña desde el mismo día en que se aprobó la Ley del referéndum. En ese sentido, las fuentes consultadas confían en que, de producirse, se haga bajo los parámetros de empleo de la mínima fuerza necesaria.