La jornada del 1-O ha dejado escenas pertenecientes a dos realidades paralelas. Por un lado, colas gigantes de catalanes esperando a votar sobre la independencia de Cataluña. Y, por otro, contundencia extrema de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra el referéndum ilegal. Ambos escenarios han proporcionado a Carles Puigdemont y Mariano Rajoy la foto esperada, es decir, la confirmación de sus promesas políticas.

Obviamente, el grado de legitimidad que uno y otro dan a los resultados del 1-O es muy diferente. Una simple movilización, describe el Gobierno, pues sin censo oficial, con mesas presididas por independentistas y sin sindicatura electoral, no puede hablarse de referéndum. Una votación masiva, dice la Generalitat, que logró colocar las urnas --su paradero ha sido el secreto mejor guardado-- y que los ciudadanos acudieran masivamente a votar.

Las posturas, por tanto, continúan igual. O más encalladas, si se tiene en cuenta que en el horizonte político catalán hay una declaración unilateral de independencia (DUI) que crea división entre las fuerzas secesionistas, pero que supondrá un nuevo desafío para Rajoy, dispuesto, afirma su entorno, a aplicar el artículo 155 de la Constitución --suspensión de la autonomía--. En paralelo, las investigaciones judiciales contra el Govern y la Mesa del Parlamento catalán continúan, por lo que la posibilidad de que el presidente catalán sea inhabilitado o suspendido por desobediencia cobra cada vez más fuerza.

La solución al bloqueo, insisten PSC y los comunes, es el diálogo y el referéndum pactado. Lo dicen también los observadores internacionales que ayer se desplazaron a Cataluña para hacer seguimiento de la jornada y regresaron a sus países perplejos ante los episodios de violencia policial vividos en algunas sedes electorales.

Referéndum pactado

Un referéndum pactado es, según los socialistas, la única vía posible para desencallar la situación catalana. Un referéndum a la escocesa que no entra en los planes de Rajoy, pero que podría convertirse, a medio plazo, en un lugar común para PSOE, Podemos y quizá PNV, que amagó con no apoyar los Presupuestos del Estado si el PP daba una respuesta represiva a Cataluña. Una alternativa de gobierno que, al mismo tiempo, podría tener un reflejo en Cataluña si se convocan elecciones “constituyentes”, es decir, autonómicas anticipadas.

Hace meses que ERC, los comunes y PSC mantienen contactos en previsión de ese avance de unos comicios, en los que una especie de DUI congelada sería sometida a votación. Es la única fórmula que tienen Junts pel Sí (PDeCAT y ERC) de evitar el cisma, dado que los nuevos convergentes no quieren salir al balcón de la Generalitat a proclamar la independencia. Los antisistema así lo exigen, mientras que los republicanos mantienen la equidistancia.

Este lunes está prevista una reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento catalán para decidir si se mantiene el pleno previsto para los días 4 y 5 y qué contenido se le da. De nuevo, existe la posibilidad --como ocurrió con las leyes del referéndum y de transitoriedad-- de alterar el orden del día para introducir el debate de una DUI en diferido o algún tipo de proclamación relacionada con los resultados del referéndum.