Ciudadanos denuncia a la Consejería de Enseñanza

Inés Arrimadas ha presentado esta sábado una denuncia en nombre propio y en representación del grupo parlamentario Ciudadanos, en contra de la actual consejera de enseñanza catalana, Clara Ponsatí i Obiols, así como a otras personas físicas o jurídicas que tengan una responsabilidad y relación directa con los colegios que permanecen abiertos para poder llevar a cabo el referéndum organizado para este domingo 1 de octubre. La demanda ha sido presentada ante la fiscalía de menores. 

La número dos del partido, ha alegado que la apertura de los colegios durante este fin de semana del 30 de septiembre y el 1 de octubre, tiene un fin puramente político y se enmascara en la organización de eventos y actividades lúdicas para los alumnos y familiares "con el indisimulado propósito de obtener el permiso de directores escolares para mantener los centros abiertos" y añade "e inmediatamente proceder a su ocupación preventiva con los menores ante la posibilidad de que comparezcan funcionarios de cuerpos policiales". 

Utilización de menores para evitar enfrentamientos

Arrimadas destaca que el movimiento independentista pretende usar a los niños como excusa para mantener los centros abiertos, y asegura que las actividades extraescolares organizadas espontáneamente para este fin de semana sólo pretender que los menores estén envueltos en el "marco de la confrontación ideológica y usarlos para entorpecer el normal desarrollo de las actividades que los funcionarios públicos lleven a cabo para cumplir el cierre de colegios" tal y como ordenó la Fiscalía y la autoridad judicial a finales de esta semana. 

La dirigente de Ciudadanos destaca también la importancia de que los poderes públicos eviten que se produzca este adoctrinamiento ideológico de menores en actividades culturales o lúdicas. Además, remarca que pese a los posibles incidentes con los cuerpos policiales se debe "evitar que los menores puedan estar expuestos a peligro físico, si se produjeran altercados entre aquellos que los utilizan como mero instrumento para sus fines y aquellos funcionarios que pretendieran cumplir las leyes".

La denuncia presentada por Inés Arrimadas contra la Consejería de Enseñanza catalana