Las órdenes de Interior: “Si fallan los Mossos, actuaremos”

“El plan A es que los Mossos d'Esquadra cumplan con su cometido y ejecuten las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la Fiscalía”. El plan B somos nosotros”.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a este medio, un mando del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que participa en el operativo de prevención contra la celebración del referéndum de autodeterminación, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Mossos y policías locales 

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil confían en que los Mossos d'Esquadra cumplan de forma efectiva con las órdenes explícitas que en ese sentido han recibido de la Fiscalía Superior y, aunque matizadas, también de la Sala Civil y Penal del TSJC. Por parte de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se espera también un concurso activo de las distintas policías locales.

Pero si todo eso fallase (una posibilidad que contemplan, de lo contrario no se entendería el traslado de miles de efectivos a Barcelona), actuarán la Guardia Civil y la Policía Nacional. ¿Y cómo se realizaría esa maniobra? El mapa que se ha previsto ante tal eventualidad es que la Policía se encargaría de aquellas zonas que eran de su competencia antes del despliegue de los Mossos d'Esquadra (zona urbanas y grandes ciudades) y, por su parte, la Guardia Civil actuaría en las zonas rurales y en el litoral.

En manos de Trapero

La aplicación del plan A o del plan B dependerá de la reunión que para esta mañana ha previsto el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, con los jefes de todas las comisarías de Cataluña. Los jefes de las ABP (áreas básicas policiales) han sido convocados en la sede central Egara, en Sabadell. En esa cumbre, Trapero dará cuenta de las órdenes y consignas de obligatorio cumplimiento por parte del cuerpo de la policía autonómica.

Fuentes de los Mossos han confirmado a esta redacción que de esa reunión partirán los mandatos para el precinto de los colegios.

Distintas autoridades políticas catalanas han admitido, pese a sus inconvenientes, que la policía autonómica tiene un destacado papel como policía judicial, lo que le obliga a acatar las instrucciones del TSJC, la máxima autoridad judicial catalana que ha tomado las riendas de la aplicación de la ley frente al referéndum ilegal.