Jordi Baiget había dicho en voz alta lo que numerosos altos cargos del Govern se negaban a confesar en público: que un referéndum unilateral, tal como lo plantean Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, no es posible. Y esa sinceridad le ha supuesto salir del cargo.
Baiget pertenecía a la vieja guardia de Artur Mas, algo que ha facilitado la decisión de la fulminante destitución por parte del presidente Carles Puigdemont, auspiciada por el vicepresidente republicano, Oriol Junqueras, y que se produce en vísperas de otro día de los llamados históricos del procés: la presentación de la ley que regula el referéndum del 1-O. No se recuerdan destituciones de este calibre en la historia del Gobierno catalán, excepto la de Josep Lluís Carod-Rovira, apartado del Gobierno de Pasqual Maragall por reunirse a sus espaldas con la cúpula de ETA en Perpiñán.
Que haya sido un consejero de la Generalitat, concretamente el de Empresa, el que haya destapado la caja de los truenos eleva al rango de oficial la crisis interna que los socios de gobierno arrastran desde hace meses debido a la soterrada desconfianza entre ERC y PDeCAT. Pero las dudas expresadas por este histórico militante de CDC se producen en el peor momento, en la recta final de una hoja de ruta secesionista con sonoros fracasos --sin garantías jurídicas, sin apoyo internacional, sin mayoría social-- que solo sobrevive a base de agitación y de puestas en escena, como la que tendrá lugar hoy en el Teatre Nacional de Catalunya para presentar los detalles de la logística de un referéndum herido de muerte.
Baiget aseguró que es probable que la presión del Gobierno español impida celebrar el referéndum independentista del 1-O, por lo que se deberían calibrar otras opciones. Si se debería pasar por unas elecciones no lo dijo. Pero sí que insinuó que la votación que prepara la Generalitat, regulada en una ley del referéndum se asemejará a la consulta del 9N.
Otros consejeros díscolos
Baiget, que fue la mano de derecha de Artur Mas en la anterior legislatura –en su condición de secretario del Govern fue quien leyó el decreto de convocatoria del 9N--, está alineado con otros consejeros de CDC como Santi Vila, hasta ahora en Cultura y que sustituirá a Baiget en Empresa, o Jordi Jané (Interior) que rechazan la unilateralidad del referéndum, frente a los siete consejeros de ERC, firmes partidarios de ese órdago, y de los consejeros también convergentes Neus Munté (Presidencia) y Josep Rull (Territorio). Tal es la división existente en el seno del Consell Executiu.
Sin embargo, es la Consejería de Gobernación, dirigida por Meritxell Borràs (CDC), la que a modo de preámbulo de esta crisis, ha ejemplificado las tensiones existentes en el Govern de Carles Puigdemont. El entorno de Borràs, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la compra de urnas finalmente frustrada, asegura que la dirigente convergente está dispuesta a llegar al final y que es el vicepresidente Oriol Junqueras (ERC), máximo responsable de la arquitectura y de la financiación del referéndum, quien está haciendo dejación de funciones.
La esposa de Baiget
Así se defendía PDeCAT de las sospechas sobre su poca predisposición a culminar el proceso secesionista, siendo el presidente Puigdemont el único con voluntad de hacerlo. Pero es que dentro de Gobernación, departamento encargado de los procesos electorales, ya había habido amagos de motín por parte de altos cargos que no quieren ser inhabilitados. En esta consejería trabaja como directora de servicios Josefina Valls, quien como ya publicó Crónica Global, es acusada por el sector independentista de Gobernación de lavarse las manos y no firmar acuerdos comprometidos. Josefina Valls es la esposa de Jordi Baiget, el consejero díscolo que, además de cuestionar el referéndum, aseguró: "Yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio; pensamos en la familia, nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias”.
Mientras tanto, la CUP utiliza las destituciones, dudas, temores y amagos de deserción dentro del Govern para marcar perfil y aumentar la presión sobre ERC y PDeCAT. Recientemente advirtieron de que “reventarían” la legislatura si, finalmente, no hay referéndum. Y ahora instan a los consejeros disidentes a dimitir. El tiempo dirá si este mandato “revienta”, no por el desmarque de los antisistema, que hasta ahora han dado estabilidad al Gobierno de Carles Puigdemont, sino por el propio cisma entre ERC y PDeCAT.