Que una ley de tanto calado como es el Código Tributario de Cataluña haya sido endosada al Parlament en lugar de ser aprobada por el Gobierno catalán no ha pasado desapercibido a los partidos de la oposición.

En efecto, la nueva Hacienda catalana, pilar fundamental de la república catalana, no será aprobada a partir de un proyecto de ley, sino con base en los trabajos de los grupos parlamentarios. El objetivo es eludir los órganos de consulta de la propia Generalitat, que previsiblemente subrayarían las ilegalidades de esa independencia fiscal, así como las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el procés.

Así lo hacen constar PSC y CSQP en su petición de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), a la que ha tenido acceso Crónica Global y que detalla las razones de estas dos formaciones para asegurar que el nuevo Código Tributario de Cataluña provoca inseguridad jurídica al ciudadano, que no sabrá a quién tiene que pagar sus impuestos, e incurre en numerosas ilegalidades.

Los grupos parlamentarios tienen menos recursos

“La explicación a esta anómala utilización de la forma de proposición de ley para un texto que tiene todas las características propias de un proyecto de ley tiene como objetivos, de un lado eludir los informes preceptivos del Consejo de Trabajo Económico y Social, previos a la aprobación de los proyectos de ley, y de otro, intentar eludir pronunciamientos anteriores del Tribunal Constitucional que afectan directamente a la ley objeto del dictamen”, incluye el documento presentado ante el CGE, órgano que debe velar por el ajuste de las leyes catalanas a la Constitución y el Estatuto.

Así, el Govern ha preferido endosar esa ley a los grupos parlamentarios, pese a que “los instrumentos y medios en que el ordenamiento jurídico articula la organización de la Administración catalana, para llevar a cabo sus funciones, son mucho más extensos y completos que los que puede disponer un grupo parlamentario”.

"Construcción virtual"

PSC y CSQP se refieren a la Hacienda catalana como una “construcción virtual” basada en “una hipótesis competencial inexistente”. Precisan que la nueva ley no hace ninguna mención al Estatuto de Autonomía ni a la Constitución española ni a la legislación básica del Estado en esta materia. Solo hace referencia a un “bloque de constitucionalidad”. En este sentido, aseguran que esas indefiniciones y lapsus son “una deliberada, buscada y querida ambivalencia orientada a presentar esta proposición de ley como políticamente rupturista del marco constitucional y estatutario, y legalmente respetuosa con este marco”.

Cuestionan, asimismo, que la composición del Consejo Fiscal que crea la ley es “absolutamente arbitraria”, pues excluye a organizaciones sindicales y empresariales, y da un enorme protagonismo a los asesores fiscales, profesionales conocidos por su dedicación a “minimizar el coste fiscal de sus clientes”. Algo, añaden, que se contradice con el ideario político de Junts pel Sí y la CUP, impulsores de la nueva Hacienda catalana.