El referéndum no es una señal inequívoca de democracia. Así lo acreditan los convocados durante la dictadura franquista. En relación al convocado verbalmente (¿?) por el Govern, podría afirmarse lo mismo, cuando, en este momento, anunciada la fecha y la pregunta del supuesto referéndum, es evidente que la Generalitat carece absolutamente de competencia legal, estatal y autonómica para convocarlo en los términos que pretende, sobre la independencia de Cataluña.

La ley catalana 4/2010 de consultas por vía de referéndum ya exigía que la administración electoral "no puede influir en ningún caso sobre la orientación del voto". Con mucha mayor precisión, la siguiente Ley 10/2014 de "consultas populares" disponía como "obligaciones de la administración" que las "consultas populares" estarán presididas por los principios de "transparencia, publicidad, claridad, neutralidad institucional, pluralismo, igualdad, no discriminación, inclusión y protección de los datos de carácter personal" (Art.2.1).

Principios legales, garantías de objetividad e imparcialidad por parte de quien convoca dichas consultas completamente ausentes en el actual proceso, lo que representa una constante violación de la propia legalidad catalana. Que es paralela a la violación del ordenamiento jurídico estatal. Por más que el Govern y dirigentes independentistas culpen al Gobierno de España de lo que llaman persecución del procés, lo cierto es que el poder judicial, en el ejercicio de su función constitucional, es el que, afortunadamente, está reaccionando ante los abusos de poder y gravísimas infracciones penales que están cometiendo.

El poder judicial, en el ejercicio de su función constitucional, es el que, afortunadamente, está reaccionando ante los abusos de poder y gravísimas infracciones penales que están cometiendo

El mejor precedente fueron las palabras del fiscal en el juicio oral a Artur Mas por la consulta del 9-N: "Señor Mas,este juicio también es democracia".

Pero hay precedentes muy graves y relevantes. En 2015, la ANC, cuando la presidía Carme Forcadell, fue sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos con una importante multa por violación del derecho constitucional a la intimidad de los ciudadanos en la encuesta preparatoria del 9-N. Nadie parece acordarse.

Los actuales gobernantes de Cataluña están obligados a cesar en las conductas que atentan al ordenamiento vigente en el Estado democrático de derecho. ¿O es que pretenden constituirse en una casta privilegiada al margen de la ley? Hasta el punto de alegar una supuesta "inviolabilidad" de la que carecen todos los cargos públicos de nuestro Estado, a excepción del Rey.

Varias señales alertan de esta situación:

1. Ya se ha dictado la primera condena (Juzgado Penal número 1 de Lleida) por amenazas y coacciones con la agravante de discriminación ideológica fundada en el nacionalismo catalán.

2. La consulta que se pretende, bajo la apariencia legal de un referéndum, no podrá acceder a los datos del censo electoral, como así lo acreditó el Juzgado Contencioso número 2 de Barcelona, cuando anuló "la puesta a disposición" de la Generalitat de los datos del padrón municipal para la consulta del 9-N que había acordado el Ayuntamiento de Cabrils.

3. Los procesos penales incoados contra dirigentes independentistas, sobre todo por delitos de prevaricación y desobediencia, dos de ellos ya sentenciados (contra Homs, Mas, Ortega y Rigau) y varios más contra la presidenta Forcadell, otros miembros de la Mesa y la consejera Borràs.

Además, es obvio, por rigurosos fundamentos jurídicos, que Cataluña carece del que denominan "derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación", solo reconocido, en 1960, a los pueblos sujetos a explotación colonial.

Cataluña carece del que denominan "derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación", solo reconocido, en 1960, a los pueblos sujetos a explotación colonial

Como es, igualmente grave y desafiante para nuestro Estado democrático, que, como se afirma en las resoluciones 263/XI y 306/XI del Parlament (no se olvide, de representación minoritaria de la ciudadanía catalana), se plantease la consecución de la independencia en tres fases: "una primera de proceso participativo, una segunda fase de desconexión con el Estado español" y una tercera de ratificación de los acuerdos anteriores por un referéndum.

Ante la evidente inviabilidad y, por tanto, fracaso real de tal proyecto, dicho objetivo es reemplazado --con evidentes torpezas propias de aprendices (basta comprobarlo con el tema de las urnas)-- por "un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña", para lo que, como ya se ha dicho, carecen absolutamente de competencia. Y, todo ello, desde un Govern con un control absoluto sobre los medios de comunicación públicos y gran parte de los privados. Por ello, resulta provocador que en la Resolución 306.6 se proclame favorecer espacios para "los partidarios del sí y del no a la independencia en igualdad de condiciones". ¿Cómo puede llegarse a este grado de cinismo y mendacidad cuando el propio Govern ha hecho del sí el centro casi exclusivo de toda su acción política?

¿Cómo no van a ser perseguibles penalmente quienes, de forma tan patente y reiterada, menosprecian, vulneran y violan abiertamente nuestro ordenamiento constitucional? Cualquier ciudadano, por mucho poder del que disponga, está sujeto a la ley y debe responder ante los tribunales.

Por todo ello, es revelador de sus verdaderos propósitos autoritarios que afirmen respecto a la llamada "Asamblea Constituyente" que pretendían crear que "ninguna de sus decisiones será susceptible de control, suspensión o impugnación por parte de otro poder, juzgado o tribunal". Es una disposición de signo fascista. En todo ello parece resonar el aliento golpista de Gil-Robles cuando en 1934, en El Escorial, gritaba: "Tomaremos el poder cuando queramos".

Aquí, eso no ocurrirá.