“Los ministros Gallardón y Catalá han destrozado la Justicia en España”

Hace casi 70 años que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y aunque muchos países incorporaron sus principios en sus respectivas leyes y constituciones, el camino hacia la igualdad es todavía largo. Lo dice la abogada Sonia Reina (de 49 años), delegada en Cataluña de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, una institución no gubernamental, laica, plural, diversa, no violenta, feminista, e independiente de credos, partidos y empresas. Tiene delegaciones en distintos países del mundo y está vinculada a la Universidad Complutense de Madrid. 

—¿A qué se dedica la fundación?

—Nació en 2004 para difundir los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hacemos una destacada labor de formación mediante cursos en el Instituto Universitario de Investigación (EMUI) de la Universidad Complutense, divulgación en redes sociales, y publicación de artículos. Sin injerencias en los gobiernos. Una labor de campo que luego se traduce en recomendaciones.

Universidad Complutense de Madrid

—Desde que se publicó la Carta de Derechos Humanos, ¿se ha avanzado o retrocedido?

—La carta se aprobó después de la Segunda Guerra Mundial por los países que lograron ponerse de acuerdo necesario para plasmar unos derechos fundamentales del individuo. Pero en hay mucho por hacer, sobre todo en el asunto de igualdad, de racismo o de justicia, en el caso de España. Tenemos una justicia tocada, sin medios, que tarda mucho. No es que existan vulneraciones muy visibles de los derechos humanos, pero sí que el retraso de cuatro años en un proceso ya vulnera la carta. O los casos LGTBfobia. Hay quien considera que no pasa nada por hacer comentarios racistas, xenófobos u homófobos en las redes sociales.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

—Hay quien dice que es libertad de expresión.

—El límite está en el respeto a los derechos humanos. No puedes decir barbaridades sobre las mujeres o los refugiados y decir que eso es libertad de expresión. Los delitos de odio, que están contemplados en el Código Penal, deberían ser investigados por la fiscalía, y no solo a instancia de parte. Nos falta una conciencia de que los derechos humanos son para protegernos a nosotros mismos.

—Vinculamos las redes sociales con los jóvenes, con los 'millennials'. ¿Respetan más o menos los derechos humanos?

—Hay un retroceso formativo. Los millennials abren una cuenta y aseguran que defienden los derechos humanos. Pero luego los lees y compruebas que es lo contrario. Da la sensación de que ponerse una camiseta o coger una pancarta ya es suficiente. Queda bonito de cara a la galería, pero no entienden el contenido de los derechos humanos, se pervierte esa palabra.

—Se intenta ser 'influencer' con los derechos humanos para tener muchos 'clicks'…

—Se autocolocan una etiqueta, pero cuando empiezan a hablar, pisan los derechos humanos. La educación es básica. Los continuos cambios de leyes educativas no ayudan, tampoco las disputas sobre las asignaturas de ética, religión o ciudadanía. Estaría bien tener una asignatura de derechos civiles, con principios éticos y morales básicos. Incluso jurídicos, pues la gente debería conocer cómo proteger sus derechos.

Hay un retroceso a nivel de formación. Los millennials abren una cuenta y aseguran que defienden los derechos humanos. Pero luego les lees y compruebas que es lo contrario. Da la sensación de que ponerse una camiseta o coger una pancarta ya es suficiente

—Se ha referido a la justicia. ¿Es la cenicienta de la Administración Pública?

—Es la gran abandonada y desconocida de la sociedad, solo sale en los medios de comunicación cuando no funciona o cuando hay una sentencia que no gusta. La justicia es un poder que debería estar muy separado del ejecutivo porque es un poder de control. Desde el mundo de la política no se ha considerado necesario dotarla de medios porque ya le iba bien como estaba. Es mejor tener una justicia que no funcione cuando no te interesa. Afortunadamente se ha luchado mucho y ahora ya se habla en el Congreso de la fiscalía, de la justicia independiente y de la elección de los miembros del poder judicial.

Sonia Reina en la entrevista con Crónica Global / CG

—La fiscalía como brazo judicial ejecutor del Gobierno…

—[Alberto Ruiz] Gallardón y [Rafael] Catalá han sido los peores ministros de Justicia que hemos tenido en España, pues nos han destrozado el sistema judicial. Ya estaba enfermo, pero ahora lo tenemos en la uvi. Pero ya desde la época del socialista Caamaño se va detrás de la idea de que las investigaciones penales, la instrucción fuera dirigida por el Ministerio Fiscal. Ahora tienes una fiscalía que depende de forma orgánica y jerárquica del fiscal general del Estado, que está nombrado por el Ejecutivo. Fiscalía funciona con instrucciones internas. Imagínate que se investiga un tema de corrupción. Fiscalía decidiría si se investiga algo o no. Ahora tenemos jueces independientes, aunque la gente no lo crea, a quienes les entra una denuncia o querella, le dan trámite y trabajan con los cuerpos policiales. El fiscal debería ser elegido por el propio Congreso y que ascendiera por méritos, no por ser simpatizante de un partido o de un alto cargo. Que tengan libertad, que sean independientes para tomar decisiones.

—¿La corrupción supone también la vulneración de derechos civiles?

—Claro. Fíjate. Hablamos de gente que mete la mano en el dinero público, es el dinero de todos, que tiene que ir a parar a la sanidad, a la lucha por la igualdad de género o contra el bullying. La gente debería tener la conciencia de que es muy grave. La gente cree que como todo el mundo lo hace desde hace 30 años, pues es normal. Pues resulta a que a lo mejor llevan 30 años pisando los derechos y la oportunidad de que todos tengamos una vida mejor.

—¿Qué otros derechos humanos se están vulnerando en España?

—Nos queda mucho camino por recorrer, por ejemplo en el terreno de LGTBI. Se están haciendo cosas, leyes en Cataluña. Pero no basta con ponerse una bandera multicolor e ir a una pride. En Barcelona tenemos un grave problema con el colectivo transexual, que no tiene una salida laboral porque la gente los aparta. No se trata de acabar en una discriminación en positivo, porque así ya les estás discriminando. Lo ideal es que no fueran necesarias esas políticas de inclusión. Tenemos un colectivo trans ejerciendo la prostitución en Las Ramblas y perseguido por la policía. Se vulneran derechos en casos como la cárcel Modelo de Barcelona, cerrando sin una alternativa en la misma ciudad y alejando a los presos preventivos de las familias y de sus letrados. Casos en los que se piensa más en la rentabilidad política que en los derechos fundamentales.

Comparar la independencia con el voto de las mujeres, el racismo o el movimiento de Gandhi es banalizar los derechos

—Hay dirigentes catalanes que han comparado el independentismo con los movimientos liderados por Martin Luther King y Nelson Mandela. ¿Cree que eso es banalizar los derechos humanos?

—En la fundación no entramos en el terreno político, pero sí decimos que el derecho a decidir en Cataluña no existe. Porque es un derecho internacional reconocido para pueblos oprimidos o colonias. El caso catalán no entra. Otras cosa es que tengan una ideología y pretendan un cambio mediante una mayoría. Comparar la independencia con el voto de las mujeres, el racismo o el movimiento de Gandhi es banalizar los derechos. No puedes hacer creer a la sociedad que estás en esa situación porque están pisando los derechos de mucha gente que luchó por ellos. [Arnaldo] Otegui también hablaba de derechos humanos y pertenecía a una organización que negaba el derecho a la vida matando personas.

—¿Qué podemos hacer los medios de comunicación a favor de los derechos humanos?

—Hay que pensar que cuando se escribe una noticia, la repercusión puede ir más allá de la intención que se tenía. Cuando se apalea a un homosexual, se debería poner el acento más en que es un delito de odio que en el perfil radical del agresor, porque si no, parece que es algo puntual. En la violencia de género, hay una mujer asesinada, algo que no se puede tolerar. No es una simple agresión. En el caso de abusos a niños, suele ser un tema que se tapa. O en bullying, hay colegios que no quieren abordar el tema porque dicen que no tienen ningún caso. Se trata de destacar que se han vulnerado derechos. Y cuando un tuitero amenaza, no importa el color político o si la víctima te cae mejor o peor. Se trata de ver si se ha cometido un delito o no. No se puede politizar estas cosas.