El Parlament tramita una ley para "proteger" la municipalización de servicios públicos

El Parlament ha decidido este miércoles tramitar una proposición de ley de la CUP para "proteger" la municipalización de servicios públicos por parte de los ayuntamientos catalanes, una iniciativa que la Cámara aborda por el procedimiento de urgencia extraordinaria. Es una proposición de ley que modifica la ley municipal de Cataluña y se ha tramitado al quedar rechazada la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP: la enmienda ha recibido los 10 votos a favor del PP, las 26 abstenciones de Ciudadanos y Germà Gordó --ha votado diferente que a sus antiguos compañeros de JxS en su debut como diputado no adscrito--, y los 81 votos en contra de la CUP, JxS, PSC y CSQP.

La ley busca, sobre todo, que en los procesos de municipalización de servicios --cuando los ayuntamientos asumen servicios que se gestionan de forma privada-- se proteja a los trabajadores para garantizar su "subrogación en el nuevo ente público o en la administración que pase a gestionar directamente el servicio".

El diputado de la CUP Joan Garriga 'Nana' ha explicado que pretenden el "control popular de la gestión de servicios públicos, participar en la toma de decisiones e incidir en los precios de estos servicios", ya que los 'cupaires' lo ven clave para la vida digna de las personas.

Sergio Santamaría (PP) ha defendido su enmienda a la totalidad asegurando que la CUP busca aplicar con esta norma viejas recetas comunistas más propias de Estados como Venezuela que de un país como España: "Es un 'Exprópiese' chavista".

Alícia Romero (PSC) ha considerado que la ley de la CUP, bajo un título muy ambicioso, esconde una reforma muy "simple", mientras que Marina Bravo (Cs) ha dicho que la cuestión no es municipalizar o no los servicios públicos, sino trabajar para que sean de calidad en beneficio de la gente.

La confrontación con el Estado

Marc Vidal (CSQP ha explicado que su partido está a favor del objetivo de la ley, pero considera que el proyecto de la CUP presenta deficiencias porque cree que solo persigue "la confrontación con el Estado", y no solucionar el problemas de los trabajadores públicos.

Marc Solsona (JxSí) ha dicho que no están de acuerdo con puntos de la iniciativa de la CUP, pero han aceptado tramitarla porque consideran que es un tema que merece ser legislado para que la gestión directa de servicios se pueda hacer "con garantías y sin vulnerar derechos".