Respaldo a la Hacienda catalana, siempre que cumpla con la ley y la Constitución. Esta es la decisión salomónica adoptada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), tras las discrepancias internas que ha generado el apoyo de su delegación catalana al Consell Fiscal, uno de los pilares de esta estructura de Estado.
Este organismo, cuya finalidad es regular los tributos en un hipotético Estado independiente, forma parte de la “estructura institucional de la Administración Tributaria del Estado propio”, según indica el Libro Blanco del Consejo Asesor para la Transición Nacional.
acta aedaf
Acta de la reunión de la sección catalana de la Asociación Española de Asesores Fiscales / CG
El consejo prevé la constitución de una comisión técnica consultiva, formada por el presidente del consejo y ocho vocales, y un registro de asesores fiscales de Cataluña, cuya finalidad es velar por el cumplimiento del código de buenas prácticas.
Asociación con sede en Madrid y de ámbito estatal
La delegación catalana de la Aedaf decidió participar en ese consejo, que viene regulado en el proyecto de ley del Código Tributario, algo que no es bien visto por el conjunto de esta asociación, con sede en Madrid y de ámbito estatal.
Tal como publicó Crónica Global, el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany, instó a la delegación catalana a paralizar su colaboración con la Hacienda creada por el vicepresidente económico, Oriol Junqueras (ERC). El asunto fue debatido en una reunión celebrada a principios de mayo en Madrid.
Los asesores catalanes hicieron valer la conveniencia de mantener esa colaboración dirigida a “mejorar cualquier norma tributaria y a contribuir a la seguridad jurídica del sistema”, según consta en las actas de una reunión posterior celebrada en Cataluña. Finalmente, se ratificó esta participación en el Consell Fiscal, “siempre que, evidentemente, se incardine dentro del marco legal y no sea declarada inconstitucional”.
No obstante, socios de la Aedaf advierten de que tanto el consejo como el Código Tributario forman parte de las estructuras del nuevo “Estado catalán” y, por tal motivo, la primera hornada de proyectos de ley aprobados en el Parlament el año pasado fueron inmediatamente suspendidos y derogadas por el Tribunal Constitucional.
“Plantear la colaboración como si eso no ocurriera es cerrar los ojos a la realidad”, explican fuentes internas de la asociación.