Millo avisa de que la ley catalana de desconexión carecerá de vigencia

La ley de transitoriedad jurídica, llamada ley de desconexión, no tendrá ningún valor ni efecto. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha avisado de que carecerá de vigencia en caso de que, finalmente, el Parlament la apruebe. “Quien sostenga que existirán dos legalidades paralelas en España miente”, ha dicho.

En esta línea, ha manifestado que el Gobierno protegerá a los funcionarios catalanes que desobedezcan las nuevas leyes de la comunidad autónoma, en contra de lo que afirmó el diputado de JxSí Lluís Llach, en relación a las sanciones que impondrá el Govern a quienes incumplan esta nueva legalidad en la región.

Suspensión automática

“Nadie debe intentar construir un relato extravagante de ciencia ficción diciendo que habrá un momento en que convivirán dos legalidades”, ha continuado en palabras a Europa Press. La hoja de ruta independentista fija tres leyes de desconexión: las ya aprobadas de la Seguridad Social y la de la Hacienda catalana, y la de transitoriedad jurídica.

“Nadie conculcará ni vulnerará” los derechos de los funcionarios, porque una hipotética nueva legalidad catalana se suspendería automáticamente, según ha dicho Millo.

Contra el referéndum, diálogo

Confía, por otra parte, en que el Govern recupere el juicio, ha dicho, y descarte un referéndum ilegal que desencadenaría “una respuesta inmediata del Estado”. Millo, sin embargo, considera que “lo mejor es centrarse en evitarlo [la celebración]”. Hay otros mecanismos “en el ámbito de las impugnaciones y las resoluciones judiciales” que se han demostrado eficaces.

Se refiere al caso de la consulta del 9N de 2014. “La diferencia hoy es que hay una lista de sentencias del Tribunal Constitucional que dejan muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer", con lo que ningún responsable del Govern puede alegar desconocimiento. La celebración del referéndum tendrá “una gravedad muy superior” a la del 9N.

Por todo ello, Millo pide a la Generalitat que acepte la mano tendida al diálogo para abordar las necesidades reales de los ciudadanos, las infraestructuras y la financiación. Y que se salgan del camino que lleva a la colisión institucional porque, de lo contrario, podría interpretase una intencionalidad “irresponsable de buscar fórmulas de calentar la calle, el ambiente, en términos de precampaña electoral, algo impropio de gobernantes”.