Movilidad, falta de cultura opositora, escaso uso de la lengua catalana… La administración de Justicia es la gran asignatura pendiente del soberanismo catalán. Y la mayoría de las cuestiones a arreglar no son identitarias. Los funcionarios catalanes son los peor pagados de España, perdieron una paga extra en 2013 y 2014 y complementos salariales que los trabajadores de otras comunidades sí tienen, y son controlados por “comisarios políticos”.
La Consejería de Justicia, cuyo titular es Carles Mundó (ERC), pretende imponer la filosofía de “hacer más con menos”, según denuncian los propios trabajadores públicos, mientras paga pluses a otros colectivos judiciales, como el de los abogados, por presentar escritos en catalán.
Datos comparativos de los funcionarios de justicia por comunidades autónomas / CG
Datos comparativos de los funcionarios de justicia por comunidades autónomas / CG
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha puesto negro sobre blanco todos esos agravios en una carta enviada al citado departamento de la Generalitat. Consultados al respecto por Crónica Global, portavoces de la conselleria declinan valorar esas quejas.
En su carta, STAJ asegura que el personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Cataluña es “actualmente uno de los peor pagados de todo el Estado”, afirmación que puede comprobarse en el gráfico adjunto. “Ello sin tener en cuenta la supresión de las pagas extras de 2013 y 2014” que el Gobierno catalán llevó a cabo debido a la asfixia financiera en que se encontraba.
Adiós a los complementos salariales
Asimismo, la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ) ha ido acompañada de la eliminación de complementos que los funcionarios percibían desde 2008. Señala el sindicato que, por el contrario, en la Comunidad Valenciana se ha llegado a un acuerdo para “incluir y consolidar en el complemento específico de todos los puestos de trabajo que se incorporan a la NOJ la cantidad que en concepto de productividad se percibe hasta ahora”.
En este sentido, denuncian un agravio comparativo entre los funcionarios y el resto de personal judicial, pues “a jueces y letrados se les abonan diferentes programas de productividad por funciones que a menudo realizan de facto los funcionarios de los cuerpos de Auxilio, Tramitación y Gestión Procesal, o llegar a un número de resoluciones que inevitablemente impliquen la colaboración e incremento de cargas de trabajo sobre los cuerpos generales”.
Reforzar los mecanismos de sanción
Por el contrario, denuncian en su escrito, la conselleria destina una partida presupuestaria a fomentar el uso del catalán entre los abogados del turno de oficio del Consejo de la Abogacía de Cataluña, mediante el pago de 14 euros por cada escrito presentado en ese idioma.
Asimismo, los funcionarios están sometidos a un nuevo Equipo de Evaluación y Mejora Continua, del que ya informó este diario, una especie de grupo de “comisarios políticos”, cuya finalidad "es reforzar los mecanismos de sanción" del Área de Inspección del Departamento de Justicia.
Los funcionarios consideran que la creación de nuevos órganos judiciales que se necesitan en Cataluña “no puede hacerse a costa del desmantelamiento del resto de los juzgados que ya trabajan con cargas de trabajo por encima de los módulos encomendados por el Consejo General del Poder Judicial.
La política de ‘hacer más con menos’ no puede ser indefinida ni servir para condenar a los trabajadores públicos a soportar sobre sus espaldas la prestación de un servicio público esencial de calidad como es el de la Administración de Justicia”.