La Comisión Europea deberá determinar si una app creada por Plataforma per la Llengua para señalar a los comercios de los "países catalanes" que no utilizan el catalán, vulnera los tratados de UE.
La eurodiputada Teresa Giménez Barbat (ALDE) ha presentado una pregunta ante este órgano europeo en la que solicita su intervención al entender que esa aplicación digital podría provocar discriminación lingüística. La eurodiputada recuerda que, en los últimos seis años, Plataforma per la Llengua --conocida como la ONG del catalán-- ha recibido subvenciones de la Generalitat por valor de más de cuatro millones de euros durante los últimos seis años. Parte de estas ayudas han ido dirigidas a desarrollar una app cuyo objetivo es poder denunciar si algunos de los 1,5 millones de comercios existentes en el sur de Francia y las comunidades autónomas de Aragón, Comunidad Valenciana o Baleares --ámbito geográfico que el soberanismo califica de països catalans-- no hacen un uso adecuado del catalán, según el criterio de esta plataforma y de sus usuarios.
Discriminación
Giménez Barbat recuerda considera que esta iniciativa contraviene el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que además es jurídicamente vinculante y que se refiere a la no discriminación por motivos de religión, sexo, lengua, raza, opiniones políticas o de cualquier otro tipo.
Para Giménez Barbat “es inaudito que un gobierno de una región que forma parte de un Estado miembro dedique dinero público a financiar acciones que fomentan la delación y dividen a la sociedad”.
La web de Plataforma per la Llengua está disponible en catalán, occitano e inglés pero no en francés, español ni valenciano, lo que a juicio de la parlamentaria de ALDE, provoca una marginación de lenguas oficiales vigentes en los territorios donde la app se ha implantado. Según Giménez Barbat "la verdadera intención de la aplicación es la imposición del monolingüismo”.