El Govern admite que ninguna norma europea avala exigir el catalán a las ‘start ups’

El Gobierno catalán admite que la exigencia del catalán a las start ups que se acogen a los fondos FEDER no viene avalada por ninguna normativa europea. Tal como publicó Crónica Global, la Generalitat exige el cumplimiento de la Ley de Política Lingüística a las empresas que quieren acogerse a los préstamos gestionados por IFEM (Instrumentos Financieros para Empresa innovadoras, SLU), sociedad filial del Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Consejería de Economía de la Generalitat. IFEM tramita los recursos procedentes de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) que la Unión Europea concede a los estados miembros, en este caso, al Gobierno español.

En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada de Ciudadanos Laura Vílchez, el consejero de Empresa de la Generalitat, Jordi Baiget, explica que, efectivamente, en 2015 se impulsó una línea de ayudas con fondos europeos a proyectos de emprendimiento corporativo por un máximo de 10 millones de euros. “La inclusión de requisitos lingüísticos para el acceso a ayudas públicas en esta convocatoria no viene dada por ninguna normaeuropea; los beneficiarios de ayudas financiadas con fondos FEDER no deben cumplir únicamente con la normativa europea, sino también con toda aquella normativa sobre acceso a subvenciones que existe a nivel autonómico y estatal”.

Preguntas a la Comisión Europea

Tras el artículo publicado por este diario, la eurodiputada de ALDE Beatriz Becerra presentó una serie de preguntas a la Comisión Europea, tras constatar que ese requisito lingüístico que impone el Gobierno catalán no aparece en las condiciones para acceder a los fondos FEDER que administran las comunidades autónomas en España. Es más, la Unión Europea prohíbe la discriminación por razón de lengua en sus normas comunitarias, tanto en su Carta de Derechos Fundamentales como en el Reglamento 1083/2006, que regula las condiciones generales relativas al FEDER, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión.

La llamada ley del catalán establece que las empresas que desarrollan su actividad en Cataluña “deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña”.

También los rótulos

Asimismo, “la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán. Esta norma no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial”.

“Los rótulos e informaciones de carácter fijo --añade la citada ley-- y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán”.