Ferrovial niega que ‘regara’ a CDC para conseguir contratos en Cataluña

“Señor Buenaventura, ¿se sirvió Ferrovial de Convergència para obtener obra pública?” “Rotundamente, no”. Pedro Buenaventura, exdirectivo de Ferrovial, ha negado así de vehemente su vinculación y la de la empresa que gestionaba en la presunta trama de corrupción que se urdió alrededor del Palau de la Música.

Esta ha sido la última pregunta que ha realizado el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, en el interrogatorio de este viernes. El empresario también ha negado tener contacto con el extesorero del partido o con el presidente del Gobierno catalán. “Jamás vi o hablé con el señor Osácar”.

Incremento del patrocinio

Con todo, el fiscal duda de las operaciones de la constructora. Considera muy sospechoso que Ferrovial aportara en 2001 un total de 600.000 euros de patrocinio a la institución musical catalana y que un año más tarde, a pocos meses de las elecciones autonómicas, incrementara la inyección de capital hasta los 1,8 millones de euros.

Y aquí, el imputado se ha bloqueado. No ha sabido explicar a la sala los motivos que suscitaron ese incremento exponencial.

Documentos sospechosos

Sánchez-Ulled le ha mostrado la documentación que se intercambiaron directivos de Ferrovial con el expresidente y saqueador confeso del Palau de la Música, Félix Millet. En esos informes, la empresa le pedía ayuda para conseguir obra pública en Cataluña.

Buenaventura reconoce que alguno de sus empleados recurrió a Millet porque “tenía contactos”. “Me reunió con él muchas veces”, ha asegurado, “pero para hablar de las obras de mi empresa en el Petit Palau de la Música, era una obra muy compleja y sufrió muchos retrasos”.

Reforma legislativa

Ferrovial está en el punto de mira y la resolución del caso Palau le afectará en lo reputacional. Si llegara una eventual sentencia condenatoria contra los dos exdirectivos imputados, la empresa no se verá afectada por la reciente reforma legislativa en este sentido.

No será inhabilitada para concurrir en concursos públicos, como marca la actual norma en el caso de que los ejecutivos de una privada resulten condenados por delitos de corrupción. La ley que así lo recoge es de 2015 y los presuntos hechos delictivos a que sed refiere la causa se ejecutaron antes de que finalizara 2006.

Anticorrupción pide para Pedro Buenaventura cuatro años y medio de cárcel. Está acusado de administración desleal y tráfico de influencias.