La última oleada del 'caso 3%' se precipitó para amarrar los indicios contra Gordó

Hace meses que la sombra de la imputación judicial pende sobre la cabeza de quien fuera secretario general de la Presidencia de la Generalitat, gerente de CDC y consejero de Justicia, Germà Gordó. Y todo parece indicar que más pronto que tarde, el actual diputado del PDECat desfilará ante la justicia.

Tal y como ha podido confirmar este medio, uno de los motivos principales que impulsaron a fiscales y Guardia Civil a desplegar hace un mes la tercera oleada de la investigación del llamado caso 3% fue, justamente, la intención de obtener, ampliar y cotejar los indicios ya existentes que relacionarían a Gordó con el procesos de captación de comisiones irregulares.

En Barcelona y Manresa

Las obras sobre el túnel de la plaza de las Glòries o la licitación del instituto LLuïs Paguera de Manresa son dos de las operaciones urbanísticas en las que aparecía la mano de Gordó. La operación PIKA buscó documentos que confirmasen, entre otras cosas, la intermediación de Gordó con el Ayuntamiento de Barcelona, entonces gobernado por el alcalde Xavier Trías.

Hace meses, el juez de el Vendrell sometió sus inicios iniciales a la valoración del TSJC a través de un informe. Los magistrados del alto tribunal decidieron devolver ese informe por inconcreto y le pidieron al juez instructor que consolidase los indicios penales contra Germà Gordó, tarea en la que está sumido el magistrado desde hace semanas. La Guardia Civil trabaja a toda máquina para enviar al juez más y mejores pruebas de lo que ellos consideran indicios de una “clarísima participación Gordó” en esta trama de financiación irregular del partido.

Con nombres y apellidos

Según adelanta hoy la Cadena SER, hace varias semanas (antes de la operación Pika) la Guardia Civil remitió al juez un informe basado en el cruce de los datos de la contabilidad de las fundaciones de Convergència y las libretas, agendas digitales y papeles manuscritos requisados a empresarios y al extesorero del CDC, Andreu Viloca.

Según este informe, Gordó era el conseguidor y mediador para el acceso de empresas privadas a contratos públicos, muchos de ellos municipales durante la época de Trías como alcalde.

Bassols, Gordó y Rosell

En ese informe aparece de nuevo la figura de Josep Manel Bassols, exalcalde de Anglès, exjefe de presa de Carles Puigdemont y directivo de la constructora Oproler. Según la SER, las operaciones más escandalosas que relacionan a Gordò con la trama del 3% son literalmente estas:

Caso Lluís Peguera. Se trata de la "licitación de la obra del Instituto de Lluís de Peguera de Manresa, de la entidad Infraestructures.cat dependiente de la Generalitat, adjudicada a la UTE formada por Oproler y el grupo Soler. Según los investigadores es uno de los casos más evidentes de la participación de Germà Gordó. Todos los datos fueron incautados en la agenda que se localizó al directivo de OPROLER, Josep Manel Bassols Puig. Según aparece en la investigación, en esta libreta se recoge un parte comercial en el que Bassols obtiene un "compromiso de otra obra para 2012 procedente de Germa Gordó, al que llaman con el apodo de Gregorio, 24 días antes a la publicación oficial de esta obra. El día 26 de julio de 2012 en el correo electrónico de Bassols hay un mail en el que se habla de una cita de otro directivo de OPROLER, Sergio Lerma, con un alto directivo del grupo SOLER y Germà Gordó. La reunión según esta prueba documentada se realizó en el Palau de la Generalitat de la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, sede del Gobierno de la Generalitat”.

Reuniones delatadoras

Y el caso Pasquina. “En este caso la contratación es de la empresa pública Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, S.A. A través de correos electrónicos, la Guardia Civil tiene constatada la influencia de Germà Gordó para que la empresa Pasquina sea la beneficiaría de la adjudicación de estos contratos. En los emails se puede comprobar las citas con las reuniones celebradas entre Gordó y el gerente de la empresa. La primera según estas pruebas tuvo lugar el 6 de abril del año 2011. En este caso los investigadores tienen constatado además que Félix Pasquina continuó las reuniones con el extesorero de CDC, Andreu Viloca, y con Josep Antoni Rosell , exdirector general de Infraestructures.cat, en fechas próximas a la publicación de las licitaciones. Finalmente, la empresa recibió una adjudicación de 7,2 millones de euros. Como contraprestación, Félix Pasquina ingresó en la Fundación Catdem 104.000 euros en 2014 y 45.000 euros en 2015, según la investigación”.