Catalá amonesta al fiscal superior de Murcia por sus quejas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afeado este jueves las quejas del fiscal superior de Murcia sobre las presuntas intimidaciones y desprotección que había sufrido. Manuel López Bernal ha hecho públicos los problemas que tanto él como otros compañeros de su partida judicial han sufrido mientras investigaban los casos de corrupción que les habían llegado. Como la vinculada al PP regional, el caso Auditorio. 

Para Catalá, compartir estas quejas con la prensa no es de recibo. Ha asegurado que, de ser cierto el relato, lo que debería haber hecho era poner la situación en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Ha recordado que esta es la institución que se encarga de velar por la protección de los derechos de todo el cuerpo al que representa.

Petición de imputación

Fue López Bernal quien solicitó la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Auditorio. La decisión que ha puesto un brete al PP, ya que Ciudadanos pide el cese del líder autonómico en base a su pacto de gobierno y el popular se resiste. Por el momento, el único que tiene claro que será relevado del cargo es el fiscal.

Para el ministro de Justicia, esta decisión no es un purga. De hecho, ha solicitado a los medios que no den una imagen “tan negativa” de los nombramientos que se van a dar en la cúpula fiscal en los próximos días. “No es razonable”, a su juicio, decir que el baile de sillas es “impropio” del Ministerio Público.

Reglas del juego vigentes

Se dieron a conocer este miércoles a última hora tras la reunión del Consejo Fiscal sobre el asunto. “Todavía no conozco la propuesta, pero estoy seguro que las personas que hayan sido elegidas para sustituir a las que hasta ahora ejercían sus funciones son todos ellos fiscales de absoluta cualificación, de absoluta capacidad y que desempeñan sus funciones con total profesionalidad”, ha indicado.

 “Hay un grandísimo número [de fiscales] que continúan con sus responsabilidades y los cambios se producen dentro del espíritu del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prevé que los puestos se puedan renovar cada cuatro años”. Catalá  ha sido claro: “Estas son las reglas del juego”.