Mucho más convulso de lo que pueda parecer, el juicio por la organización de la consulta del 9N finaliza hoy. Durante las cinco sesiones celebradas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han aflorado viejas rencillas políticas, pugnas soterradas entre Estado y Generalitat, amenazas veladas e intentos más o menos astutos de desprestigiar a los testigos. Han sido jornadas con muchas preguntas, muchas de ellas sin respuesta. Y es que esta vista oral, que algunos medios soberanistas han calificado de forma grandilocuente como "el juicio del siglo", deja muchas incógnitas.
El principal acusado, Artur Mas, ha sido sometido a un doble enjuiciamiento: el oficial y el político. El expresidente afronta una petición de 10 años de inhabilitación por desobediencia y prevaricación, pero también ha sido cuestionado por el sector más duro de su partido por renunciar a la desobediencia y abrazar una línea de defensa basada en el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Una estrategia que tampoco ha gustado a ERC y CUP, y que los indepes más duros atribuyen a Rafael Entrena, abogado y compañero sentimental de la exvicepresidenta Joana Ortega, exdirigente de UDC, y que comparte banquillo con Mas y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. El histórico enfrentamiento entre CDC y Unió, que rompieron su coalición después de que Mas abrazara el independentismo, planeó sobre la sala de vistas.
Curiosamente, Mas aspiraba a que este juicio le encumbrase como el candidato a la presidencia de la Generalitat que su partido, PDECat, necesita. Pero le ha salido el tiro por la culata.
Homs versus Ulled
Algo más gallito ha resultado ser el portavoz de la nueva CDC en el Congreso, Francesc Homs, quien mantuvo un enfrentamiento verbal con el fiscal Emilio Sánchez Ulled. Homs, que compareció como testigo y que también será juzgado por la consulta del 9N en el Tribunal Supremo, reprochó al representante del ministerio fiscal que no le hiciera preguntas. Ulled le respondió que, de la misma forma en que muchos de los testigos de la defensa han sido "ascendidos" tras la consulta, hiciera una "llamada" para que le subieran de categoría a él también y, de esa forma, sí tendría ocasión de interrogarle en el Supremo.
Esta escena, que personaliza la pugna entre las instituciones del Estado y la jerarquía independentista catalana, tuvo lugar fuera de la sala de vistas. Pero fue dentro de la misma donde Ulled, hombre adusto y concienzudo, lanzó una velada alusión a otros casos judiciales que salpican a CDC. Ocurrió durante el testimonio de Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar (Barcelona) y presidente de la Asociación Catalana de Municipios de Cataluña (ACM). Cuando Buch intentó explicar el funcionamiento de esta entidad municipalista, Ulled le disuadió pues, según dijo, "es una entidad que yo conozco muy bien". Se da la circunstancia de que la Fiscalía investigó a cargos de la ACM –que agrupa mayoritariamente a alcaldes y concejales de CDC– por supuestas irregularidades contables.
Ascensos
Buch, al igual que la exdelegada de Servicios Territoriales de la Generalitat en las comarcas de Barcelona, Montserrat Llobet, y la exdirectora del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), Elisabet Abad, han declarado como testigos de la defensa. Y tienen en común una cierta desmemoria respecto a los hechos ocurridos. El alcalde, que cedió locales municipales para la votación, no recuerda si se ordenó paralizar los preparativos cuando el Tribunal Constitucional suspendió la votación. Y mientras Abad desconoce cómo llegaron las urnas y demás material fabricados por los presos del CIRE a las sedes electorales, Llobet negó presiones a los directores de escuelas para que entregaran las llaves. Y tampoco respondió al malestar expresado por carta de algunos inspectores, a quienes no dio respuesta.
Llobet es ahora directora general de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, mientras que Abad es senadora del PDeCAT. Son los dos ascensos señalados por el fiscal. También los abogados defensores intentaron cuestionar el perfil de algunos testigos.
En sus interrogatorios, insistieron en las motivaciones ocultas que esos dos inspectores y la directora del IES Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo, la única que se negó a entregar las llaves. Que los primeros apelaran al Ministerio de Educación y que la profesora acabara militando en Ciudadanos, fue utilizada como sutil arma arrojadiza por los letrados de Mas, Ortega y Rigau.
Como testigos de las defensas, comparecieron algunos de los miles de voluntarios que, según el Gobierno catalán, asumieron la responsabilidad del proceso participativo en exclusiva. Su relato no despejó la nebulosa respecto a quién aportó la logística, otra de las grandes incógnitas que deja el juicio, pues, según manifestaron, cuando llegaron a los colegios electorales "todo estaba preparado".