La CUP exige colectivizar la tierra, un banco público catalán y un referéndum ilegal

Colectivizar la tierra, un banco público catalán y un referéndum sin cobertura legal son algunas de las exigencias de la CUP para dar un apoyo definitivo a los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Su voto es decisivo, dado que el Gobierno de Carles Puigdemont ha renunciado a negociar con el resto de las formaciones políticas, situando la promesa de un referéndum para septiembre del año próximo como pieza clave de ese pacto con los antisistema.

Los cupaires dieron vía libre a la tramitación de las cuentas catalanas, pero no han garantizado el “sí” en la votación final que tendrá lugar en el pleno del Parlamento catalán previsto para los días 8 y 9 de febrero de 2017. ¿De qué depende? Pues de la aceptación, por parte de la vicepresidencia económica de Oriol Junqueras, de una serie de propuestas que la CUP ha sintetizado en 151 enmiendas presentadas en la Cámara catalana.

Revertir las privatizaciones

Los antisistema piden cambios en el redactado del polémico artículo que contempla la partida económica dedicada a organizar el referéndum. La CUP pide que se suprima el párrafo final referido a la celebración de la votación “en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria”. Es decir, lo quieren sin cobertura legal.

También exigen revertir todos los procesos de privatización llevados a cabo por la Generalitat, garantizar una gestión estrictamente pública de las infraestructuras y la supresión de determinados consorcios y agencias públicas que, a su juicio, duplican funciones. En este sentido, quieren eliminar el dinero destinado al Patronato Montaña de Montserrat, al Consorcio del Patronato del Monasterio de Poblet, a la Agencia Catalana de Turismo y al Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda.

Reclaman reducir un 19% el sueldo a los altos cargos de la Administración autonómica y recortar gastos en materia de protocolo y representación.

Entre las medidas estrella, figura la colectivización de la tierra, es decir, crear “un Banco de Tierras como entidad de derecho público cuya misión sea la construcción de un parque público de tierras, vía adquisición, cesión o alquiler de fincas rústicas, para poderlas ceder a fines públicos en el marco del desarrollo agrícola comunitario”. Se da la circunstancia de que el diputado de la CUP, Benet Salellas, declaró en su nota de bienes entregada en el Parlamento catalán al tomar posesión de su escaños que posee seis fincas rústicas.

Sin límites en el aumento del gasto

También piden la creación de una Banca Pública de Cataluña y rechazan poner límites al aumento del gasto público y de la plantilla funcionarial.

La CUP quiere constituir un fondo especial para luchar contra la corrupción y la evasión fiscal, y que cada consejería disponga de un fondo climático. También proponen suprimir el apoyo a las empresas privadas para destinarlo a la economía cooperativa, así como eliminar los 6,2 millones de euros que la Generalitat destina a inversiones a través de la empresa Infraestructures.Cat –la antigua GISA--. En definitiva, los antisistema quieren minimizar las externalizaciones, especialmente en el terreno sanitario. Y también poner fin a los conciertos educativos con escuelas que segregan por sexo.

La creación de autopistas públicas y suprimir las ayudas al Circuito de Cataluña situado en Montmeló (Barcelona) --la Generalitat contemplaba sendos avales de 23 millones para 2017 y 2018 para las grandes competiciones de Fórmula 1-- forman parte, asimismo, de las enmiendas parciales presentadas a los Presupuestos de la Generalitat.