Puigdemont recula y se centra en un referéndum pactado

Del "referéndum sí o sí" al referéndum pactado. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha visto obligado a dar un paso atrás y centrarse en la vía del diálogo con el Estado, pues así se lo han pedido la mayoría de las entidades que han acudido a la cumbre celebrada en el Parlamento catalán, así como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ampliar la base social pasa por esa apuesta por el pacto. Algo que el vicepresidente de ERC, Oriol Junqueras, no acaba de ver claro, lo que augura un nuevo enfrentamiento entre CDC y sus socios de gobierno. La diputada de la CUP, Anna Gabriel, por su parte, asegura que no se necesita ninguna legitimación por parte del Gobierno para celebrar esa votación.

Si el objetivo era escenificar el apoyo de la sociedad civil al referéndum, Puigdemont erró. Ha posado junto a numerosos dirigentes políticos y excargos institucionales en la llamada cumbre del referéndum, una versión actualizada del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir que, en 2013, creó el expresidente Artur Mas. Pero la representación de las entidades sociales, es decir, de esa base social favorable a una consulta que el Gobierno catalán pretende ampliar, estaba lejos de ser mayoritaria.

Notables no independentistas

Sin embargo, el presidente de la Generalitat suplió esa falta de transversalidad social con la creación de un comité ejecutivo encargado de buscar apoyos para un referéndum pactado, integrado por exdiputados de PSC, ICV, ERC y CDC. Estará encabezado por el exdiputado del Parlamento catalán y exmilitante del PSC Joan Ignasi Elena. De esta forma, el líder secesionista aglutina en torno a su proyecto a una serie de cargos desencantados con el socialismo catalán, entre los que se encuentran el exdiputado de ICV en el Parlament Francesc Pané; la exalcaldesa socialista de Badalona Maite Arqué, y la exconcejal del PSC en Barcelona Itziar González. También estará presente la exconsejera de CiU en los gobiernos de Pujol Carme-Laura Gil; el exdiputado de ICV en el Parlament Jaume Bosch; la exdiputada de ERC en el Parlament Carme Porta, y el director de la revista Catalan International View, Francesc de Dalmases.

Puigdemont, considera lógica la evolución del Derecho a Decidir al Pacto por el referéndum. “Es un salto adelante que debe tener un recorrido a partir de ahora. Tiene una vocación muy transversal y plural, pero con un común denominador, la voluntad de celebrar un referéndum, de forma acordada con el Gobierno español”, ha explicado tras una reunión de tres horas. Asegura que hay gente, dentro y fuera del Estado español, que apoya esa reivindicación.

Mucha liturgia

El presidente catalán le puso mucha solemnidad y liturgia al cónclave celebrado en el Parlamento catalán, al que asistió --más por tacticismo que por convicción-- la alcaldesa Ada Colau, que aguantó bien la presión secesionista sobre su partido. Exigió que el referéndum no sea una nueva versión de aquella consulta del 9N celebrada en 2014, que ni fue vinculante ni legal. 

“Nosotros siempre hemos defendido la idea de un referéndum, que hay que dar la voz a la ciudadanía porque es una vía que apoya el 80% de los catalanes”, ha dicho Colau. Exigió que el referéndum no sea una nueva versión de aquella consulta del 9N celebrada en 2014, ni vinculante ni legal, por lo que debe hacerse “con garantías para los ciudadanos y para los funcionarios que lo deben organizar”. Por eso, la alcaldesa es contraria a fijar fechas cerradas. Ha desvelado que los asistentes se han quejado de la precipitación con que se ha convocado la cumbre, en la que no se ha presentadp ningún propuesta o documento. "Nos une la defensa de la democracia, no la independencia", ha precisado Colau

Reveses judiciales

Puigdemont se compromete a agotar la vía del pacto, aunque mantiene su compromiso de celebrar un referéndum en septiembre de 2017. Sobre la sesión planeó los últimos reveses judiciales contra el proyecto independentista catalán, pues horas antes, el Tribunal Constitucional tumbaba la diplomacia catalana, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña notificaba a Artur Mas que será juzgado el 6 de febrero por la citada consulta del 9N.

Del escaso entusiasmo que las veleidades secesionista de Puigdemont genera en el sector empresarial dan fe ausencias significativas. La patronal Fepime, que había formado parte del Pacto por el Derecho a Decidir, se descolgó de la reunión por sus visos de ilegalidad. Tampoco asistió Fomento del Trabajo, mientras que Miquel Valls evitó hacerse la foto y delegó en el vicepresidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Cataluña la asistencia al encuentro. Cecot y Pimec estuvieron representadas, pero no por sus líderes.