PP y Ciudadanos incumplen su pacto sobre transparencia

PP y Ciudadanos incumplen su propio pacto en materia de transparencia, pues acaban de blindar a los lobbies europeos con sus votos contrarios a que los eurodiputados hagan públicas sus reuniones.

Ocurrió con motivo de la aprobación de las nuevas reglas de procedimiento del Parlamento europeo, una especie de actualización del reglamento de la eurocámara cuyo ponente era el laborista británico Richard Corbett.

En el texto se introdujo la siguiente enmienda: “Los diputados deben publicar en línea todas las reuniones previstas con grupos de interés que entren dentro del ámbito de aplicación del registro de transparencia. La Mesa dispondrá la infraestructura necesaria para ello en el sitio web del Parlamento”.

El objetivo era dotar de mayor transparencia la actividad parlamentaria y acabar con el oscurantismo que rodea a los grupos de presión, celosos de la privacidad de sus encuentros con europarlamentarios.

Un registro obligatorio

Recientemente se han adoptado medidas en este sentido, como por ejemplo la creación de un registro de lobbies en el Parlamento europeo. Asimismo, la Comisión propuso hace unos meses la obligatoriedad de esa inscripción para todas las instituciones.

Sin embargo, la aprobación de esa nueva medida no prosperó debido a los votos de los populares y liberales, mientras que los socialistas se abstuvieron. Dentro de ALDE, los diputados de Ciudadanos (Carolina Punset y Teresa Giménez Barbat; Javier Nart no estaba presente) también votaron en contra.

Quienes rechazan la obligatoriedad de dar publicidad a las reuniones alegan que no siempre es beneficioso airear esos encuentros, pues en ocasiones se mantienen contactos con grupos perseguidos y whistleblowers (confidentes o denunciantes anónimos).

Se da la circunstancia de que entre los “150 compromisos para mejorar España” que PP y Ciudadanos firmaron como paso previo a apoyar la investidura de Mariano Rajoy, figura como eje la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Entre las medidas, aparece la reforma de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para proceder a la elección del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados entre profesionales de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia.

Asimismo, se prevé aprobar un proyecto de ley sobre la actuación de los grupos de interés en la Administración española que, entre otros aspectos, incluya la creación de un registro público de lobbies en el que tendrán la obligación de inscribirse todas aquellas personas y organizaciones que se dediquen profesionalmente a influir sobre cargos o representantes públicos respecto de la elaboración y aplicación de las políticas públicas. También se prevé impulsar la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado para regular la relación de los grupos de interés con el Parlamento.