El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, han coincidido en manifestar a Soraya Sáenz de Santamaría, la necesidad de que el Gobierno pase a la acción y proponga acciones concretas para solucionar el conflicto generado por el proceso independentista.
Ambos políticos se han reunido con la vicepresidenta española en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. De esta forma, la número dos del Ejecutivo catalán estrenaba despacho y agenda catalana propia. Iceta y Arrimadas han coincidido en destacar la importancia de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acuda a la reunión de los presidentes autonómicos.
Pero mientras la jefa catalana de C’s ha puesto el acento en abrir el diálogo sobre la nueva financiación autonómica, la mejora del servicio de Cercanías y la creación del Corredor Mediterráneo, Iceta ha insistido más en la reforma constitucional que los socialistas defienden.
Problema enquistado
El dirigente del PSC ha detectado un cambio de actitud en el Gobierno español respecto a Cataluña, pero ha advertido de que ”con un cambio de actitud no es suficiente” pues en esta comunidad hay un problema desde hace cinco años que se ha ido enredando”. Ha admitido la dificultad que supone construir un consenso similar al de 1978 “para acometer cambios en la constitución actual”
Por su parte, la líder de la formación naranja en Cataluña también ha asegurado que “ha llegado la hora de las propuestas concretas” y ha recordado las 150 exigencias presentadas por su partido al PP en el marco de las negociaciones para apoyar la investidura de Mariano Rajoy.
La reunión de Santamaría ha sorprendido al Gobierno catalán que, a través de la consejera de Presidencia, Neus Munté, ha criticado que la vicepresidenta se reúna antes con la oposición catalana que con el Ejecutivo autonómico. El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, pidió por carta una reunión con Santamaría, todavía pendiente.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha reafirmado su voluntad de ejercer de interlocutor, pero no solo entre los poderes públicos, sino también entre la sociedad civil catalana "a nivel económico, social, cultural y deportivo", con el Ejecutivo.