Los Presupuestos imposibles de Junqueras

Populista y sin capacidad recaudatoria. Así ven los expertos consultados por Crónica Global la fiscalidad que contemplan los Presupuestos de la Generalitat para 2017. Incluso advierten de una posible inconstitucionalidad, no solo en los apartados dedicados a financiar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, sino en el nuevo impuesto sobre bienes de lujo. Asimismo, denuncian que se ha duplicado la partida y la previsión de plantilla de la Hacienda catalana, aunque no puede crecer porque carece de competencias.

En este sentido, las cuentas recién presentadas por el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, incluyen 93,3 millones de euros destinados a desarrollar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), es decir, 57,4 millones más que en 2015. El objetivo es incorporar 459 personas hasta llegar a las 903. “No puedes ampliar las plantillas sin tener contenido. Mientras el Estado no ceda el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades o los impuestos especiales, Cataluña no tendrá capacidad de gestión”, explica el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), José María Mollinedo. Asimismo, advierte de que una hacienda propia requiere de una dotación de personal muchísimo más elevada. “Actualmente, en Cataluña hay destinados 1.000 técnicos del Estado, cifra que no incluye inspectores, auxiliares etc. Además, entre que se aprueba la ley de Presupuestos y se convocan los concursos, puede pasar más de un año. Una dotación presupuestaria no compromete el gasto”.

Sin menoscabar la imagen del Gobierno

Respecto al nuevo impuesto sobre bienes de lujo pactado entre Junts pel Sí y la CUP, al margen de las cuentas catalanas, Mollinedo considera que es más “testimonial que recaudatorio”, y advierte de que solo el Estado tiene capacidad para investigar si esos bienes –coches, yates, inmuebles…--, que se deducen en el impuesto de sociedades, son realmente improductivos.

Por su parte, Esaú Alarcón, abogado, profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU y miembro de la Sección de Derechos y Garantías y Práctica Tributaria de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), considera que los nuevos impuestos, tanto los del Estado --impuesto sobre refrescos, alcohol, carburantes…-- como los que contemplan los Presupuestos catalanes para 2017 --bebidas azucaradas, bienes no productivos de las empresas…- “buscan financiación de la manera más populista posible, que es azotando tributariamente a sectores mal vistos porque afectan a la salud o el medio ambiente”. Según Alarcón, “es una manera sencilla de subir la presión fiscal sin ver menoscabada la imagen del Gobierno”.

En lo que respecta al impuesto de bienes de lujo: “Me parece claramente inconstitucional porque afecta a la imposición de áreas ya gravadas por el IAE, el impuesto sobre sociedades o el IBI… Pero, claro, lo propone la CUP…”. El experto considera que la reforma fiscal más trascendente “va a ser la del Impuesto sobre Sociedades. El Ministerio de Hacienda ha lanzado la idea de que se quitarán deducciones a las grandes empresas, pero la realidad va a ser todavía peor, pues afectará a todo tipo de empresas. La reducción de los pagos en efectivo a 1.000 euros que me parece bien”.