Foment del Treball exige la supresión del impuesto a los refrescos

Foment del Treball vota en contra del nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas. La patronal advierte de que el gravamen, incluido en el Anteproyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público para el 2016, tiene “afán recaudador” y en nada favorecerá el cambio de los hábitos de consumo que se justifican por motivos de salud.

La patronal catalana considera que el impuesto es “injustificado” y así lo ha hecho llegar al Consell Econòmic i Social de Catalunya a través de un voto particular al Dictamen. En su reclamación argumenta que el elevado número de modificaciones que la norma introduce “puede generar inseguridad jurídica, ya que dificulta el conocimiento a sus destinatarios y puede conllevar incertidumbre razonable sobre la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la predictibilidad de sus efectos”.

La tasa del juego

En la misma línea, Foment concluye que “este será un tributo soportado por el consumidor, tanto si tiene buenos hábitos alimenticios como si no” y que “la discriminación de un único alimento, las bebidas azucaradas, no constituye ninguna garantía para favorecer la salud de la población”. Dado que la previsión de recaudación asciende a 41,3 millones de euros, parece que la finalidad es recaudatoria.

La patronal, por otra parte, considera excesivo el 10% de incremento de la tasa del juego, ya que profundizará la situación de crisis de un sector que ya contribuye con 200 millones de euros al año (136 proceden de las máquinas de los establecimientos de restauración).

Impuesto de transmisiones patrimonial

Foment tampoco comparte que el impuesto de transmisiones patrimonial se eleve ya al 11% por los bienes inmuebles de más de un millón, ni el incremento de actos jurídicos documentados (del 1,8% al 2,5%) para las escrituras que se hagan derivados de la renuncia a la exención del IVA.

Finalmente, Foment no comparte la derogación de la Ley 6/2012, del 17 de mayo, de estabilidad presupuestaria, porque introduce dudas sobre el compromiso de la Administración catalana con la consolidación fiscal de las cuentas.