El PSC ha presentado una batería de preguntas en el Parlamento catalán sobre la decisión del vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, de prescindir de las 52 oficinas liquidadoras dirigidas por los Registradores de la propiedad.
El pasado 24 de octubre, la secretaría de Hacienda de la Generalitat comunicó a los representantes de los Registradores ---colectivo dependiente del Ministerio de Justicia-- su intención de denunciar el convenio el 1 de septiembre de 2017, es decir, dos meses antes de lo previsto. La medida afecta a cerca de 270 personas. La diputada del PSC Alícia Romero ha presentado en la Cámara catalana seis preguntas con la finalidad de averiguar si la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) tiene los recursos materiales y personales necesarios para poder hacer la gestión que hasta ahora realizaban los registradores, y si hay previsto un régimen de transitoriedad. Romero quiere saber si existe un plan de despliegue de la ATC y si la Generalitat se ha reunido con las asociaciones municipalistas –ACM y FMC-- para informarles de la revocación del convenio con los registradores.
La socialista pregunta al Gobierno catalán si la ATC tiene medios para asumir la grabación y digitalización de la documentación que hasta ahora realizaban las oficinas liquidadoras. La diputada recuerda en sus escritos la moción aprobada en el Parlamento catalán sobre la necesidad de mantener los convenios con los Registradores hasta que no se haya llevado el despliegue territorial previsto por la Generalitat. Asimismo, el PSC se interesa por el futuro de los trabajadores de esas oficinas y por las reuniones mantenidas hasta ahora.