El polémico recaudador balear

El Gobierno catalán busca fórmulas para integrar a los 300 empleados de las oficinas liquidadoras que, una vez disuelto el convenio para gestionar tributos que mantiene con los registradores, se quedarían sin trabajo. No es una tarea fácil y, por ello, los responsables de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) analizan las experiencias de otras comunidades que también suprimieron esas oficinas. Una de ellas es Baleares, aunque en este caso, la solución utilizada es muy polémica.

Según ha podido saber Crónica Global, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha contactado esta semana con su homólogo balear para conocer el sistema utilizado tras la finalización del contrato. La Vicepresidencia económica del Ejecutivo catalán, dirigida por Oriol Junqueras (ERC), ha rehusado desvelar la agenda de Salvadó, pero portavoces oficiales explican que ese tipo de cuestiones relacionadas con la financiación se debaten en la comisión bilateral que Cataluña y Baleares crearon en mayo. Las mismas fuentes subrayaron la voluntad del Ejecutivo autonómico de poder recolocar a esos 300 trabajadores, una tarea que lleva a cabo la Dirección General de Función Pública, que depende de la Consejería de Gobernación (CDC) y que está dirigida por Susanna Bouis, exdelegada del Gobierno de José María Aznar en Cataluña.

"Figura medieval"

Desde 1988, el Gobierno de las Islas mantiene un acuerdo con un particular, Gabriel Alzamora, que tiene 26 oficinas y 200 empleados. Tras revocar el convenio con los registradores, muchos expedientes se acumularon y ante la inminente prescripción y la caída de la recaudación, la hacienda balear recurrió a Alzamora, que cobra por ello 17 millones de euros. Esta figura del recaudador, aunque ha resultado eficaz, fue cuestionada por la Sindicatura de Cuentas y por Podemos, que la califica de “medieval”.

El próximo día 13, los representantes de los trabajadores afectados han sido convocados por la Generalitat a mantener una reunión y dar cumplimiento, según indica la nota enviada por la Vicepresidencia económica, a uno de los puntos de la moción aprobada en el Parlamento catalán sobre el futuro de la ATC, donde se prevé la celebración de reuniones periódicas informativas con los representantes del Decanato de Registradores y de los trabajadores de las oficinas liquidadoras. El responsable del área de Registros de Cataluña del sindicato CSIF, Jordi Maldonado, confía en que “quieran abrir una mesa de negociación y tengan una voluntad real de resituar al actual personal de las oficinas liquidadoras en las nuevas oficinas de la ATC”.

Ayuda de una consultoría

Las citadas fuentes del departamento de Economía reconocen la excelente labor de estos profesionales, sin los cuales la ATC llegaría a perder hasta 400 millones de euros en los primeros años, según datos del Decanato de Registradores. Los trabajadores han recurrido a una consultoría para asesorarse sobre posibles soluciones.

La diputada del PSC Alicia Romero considera que la Generalitat accede de mala gana a reunirse con los trabajadores “porque no saben cómo solucionar el problema y se ven obligados a cumplir con el mandato parlamentario”.

El convenio entre registradores y la ATC finaliza en octubre de 2017. Este colectivo, dependiente del Ministerio de Justicia, gestionó entre 2008 y 2014 un total de 431.577 liquidaciones “paralelas” por un importe de 657 millones, frente a las 44.122 liquidaciones efectuadas directamente por la ATC en el mismo período por valor de 334 millones de euros.