Mas compara a la vicepresidenta del Gobierno con un ministro de Franco

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado que la reacción de la vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría tras conocerse que las peticiones de inhabilitación por el 9N es “la misma que podría haber tenido un ministro de Franco”.

Mas ha comparecido en rueda de prensa tras conocer que afronta una petición de la Fiscalía de 10 años de inhabilitación por organizar la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014. Santamaría ha dicho que la ley se aplica en España "para todos" y si se incumple, "lógicamente en un Estado de derecho eso tiene consecuencias". La número dos del Ejecutivo español ha afirmado que la Fiscalía actúa "autónomamente" pues “esto es la aplicación de la ley y nosotros desde luego respetamos las decisiones de los órganos encargados de velar por el cumplimiento de la ley y por el Estado de derecho.

El líder de CDC considera que esas reflexiones “las podría haberlas hecho cualquier ministro de Franco” y que el Gobierno español tiene tics predemocráticos. “La democracia les provoca urticaria", ha añadido.

El expresidente catalán, que ha comparecido acompañado de la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la exconsejera de Educación, Irene Rigau –ambas afrontan una condena de 9 años de inhabilitación-- ha afirmado que “el 9N fue una gran fiesta de la democracia” porque “venía de enormes manifestaciones de gente en el calle que decía ‘tenemos derecho a decidir, somos una nación’. Hubo un rotundo apoyo al derecho a decidir entonces y en las elecciones del 27S. Fueron hechos cívicos y democráticos. ¿Cómo puede ser eso delito?”

"Es una gran ofensa"

Ha precisado que en aquella fecha “no se trataba de declarar la independencia, sino de saber quién estaba a favor y en contra”. Mas ha asegurado que “para un demócrata, para un catalán, para un soberanista es un honor ser procesado por uno de esos poderes españoles, por poner la cara, por no calcular las consecuencias personales y de partido. Si nos encontráramos en las mismas condiciones, volveríamos a hacer lo mismo”.

Para Joana Ortega, “dar la voz al pueblo es un acto de responsabilidad de un Gobierno democrático. Lo hicimos bien, con garantías democráticas. Yo también volvería a hacerlo”. Por su parte, Irene Rigau, ha invocado el mandato de las urnas porque “nosotros debemos ser puente entre la voluntad de la ciudadanía y las instituciones. Impacta que pidan nueve años de inhabilitación. ¿Qué están diciendo? ¿Qué no soy digna de ejercer un cargo público? ¿Qué no soy honorable? Es una gran ofensa. Nos consideramos dignos de la función pública como nunca”.