Ciudadanos informa al Constitucional del “fraude de ley” de la votación secesionista

El vicepresidente de la Mesa del Parlamento de Cataluña y miembro de la ejecutiva de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, ha presentado un informe en el Tribunal Constitucional (TC) en el que califica de “fraude de ley” la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente que tuvo lugar en julio en la Cámara catalana.

Espejo-Saavedra afirma que “se han incumplido las sentencias del TC que anulaban la resolución separatista y el propio reglamento de la cámara catalana”. Además, ha explicado que el tribunal, dentro de sus competencias, “decidirá qué pasa con la resolución y las responsabilidades de los políticos que han intervenido en este proceso” y ha alertado de que “todos los ciudadanos deben cumplir con la legalidad”.

“Ha primado más el interés y la filiación política que la observancia de la Ley", dice en su escrito en el que agrega que Junts pel Sí y la CUP –cuya mayoría forzaron la aprobación de esas conclusiones-- tenían la "evidente e incluso explícita voluntad de ignorar o eludir" las sentencias del TC en las que se les prohibía llevar a cabo iniciativas de carácter separatista y se instaba a impedirlas o paralizarlas.

Voto en contra

El vicepresidente de la Mesa recuerda que expresó su discrepancia respecto a las conclusiones de la citada Comisión. En su informe, detalla los pasos que condujeron a la aprobación del texto de ruptura con España. Desde las primeras reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa previas al Pleno del 27 de julio hasta la aprobación definitiva, el miembro de C's votó en contra de cada uno de los pasos que la cámara fue dando.

Asimismo, acusa a la presidenta Carme Forcadell de trasladar su responsabilidad al conjunto de los diputados del Pleno "que están amparados por la inviolabilidad". El objetivo era, en su opinión, conseguir el objetivo prohibido por el TC amparándose en una norma parlamentaria prevista para otras finalidades.

"Se ignoraba o se quería ignorar" que la presidenta Forcadell tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los tribunales, dice.