La CUP quiere poner el impuesto para ricos que fracasó en Euskadi

El aumento en gasto social pasa por el aumento de los impuestos, afirma la CUP, y así se lo ha hecho saber al vicepresidente económico, Oriol Junqueras, en las negociaciones sobre los presupuestos de la Generalitat para 2016. La propuesta pone a prueba la coalición gubernalmental formada por CDC y ERC, pues los convergentes rechazan cualquier tipo de incremento de la presión fiscal, mientras que esa música suena bien a los republicanos.

Los antisistema, que de momento mantienen el bloqueo parlamentario a las cuentas catalanas, exigen toda una serie de reformas fiscales que incluyen el siempre controvertido impuesto sobre grandes fortunas. Un impuesto que ha sido objeto de muchas promesas electorales y poca implantación, excepción hecha del experimento fallido de la Diputación de Guipúzcoa.

Polvareda política y empresarial 

Ante la posibilidad de que el impuesto sobre el patrimonio pueda ser anulado de nuevo --el PSOE lo recuperó tras el estallido de la crisis económica-- y tratándose de un gravamen cuya competencia es estatal, los cupaires apuestan por la creación de un Impuesto sobre Grandes Fortunas (ISGF) similar al que Bildu, con el apoyo del PSE, implantó en 2012 cuando gobernaba la Diputación de Guipúzcoa. Esta novedad fiscal levantó una gran polvareda política y empresarial.

Tras las elecciones de mayo de 2015, PNV, PSE y PP decidieron retirar este gravamen, que no tuvo los resultados esperados. A la fuga de empresas se unió una cifra recaudatoria inferior a la prevista hasta el punto que el recuperado impuesto de patrimonio recaudará en el ejercicio 2015, según datos del departamento de Hacienda y Finanzas de la entidad foral, un total de 61,7 millones de euros frente a los 59 millones recaudados el último año que se aplicó el ISGF.

Las promesas de PSOE y Ciudadanos

Tras las elecciones del 20 de diciembre, PSOE y Ciudadanos se comprometieron a crear un impuesto sobre grandes fortunas, según consta en el acuerdo firmado por ambas formaciones, pero no llegaron a concretar el tipo de gravamen. Podemos, por su parte, aboga aumentar la presión fiscal a los más ricos vía IRPF.

La CUP propone ambas vías, pero es consciente de las imperfecciones del modelo Bildu. En este sentido, en el documento presentado a Junts pel Sí reconoce el riesgo de fuga de capitales que implica gravar excesivamente las grandes fortunas, así como el poco peso que un ISGF tiene en la estructura tributaria. De ahí que sugiera un enfoque progresivo.

"Escudo fiscal"

El modelo guipuzcoano, que afectaba a 7.000 contribuyentes, se basaba en la eliminación del llamado “escudo fiscal”, consistente en que la tributación del impuesto de patrimonio y del IRPF no podía superar conjuntamente el 60% de la base imponible general. Asimismo, el ISGF establecía la sustitución de la exención total a pagar por una bonificación del 75% de la cuota a aquellos componentes del patrimonio dedicados a actividades empresariales y profesionales. La finalidad, en este sentido, era penalizar el rentismo puro o los patrimonios inmovilizados, pero sin distorsionar el sentido progresivo del impuesto.

En concreto, el modelo Bildu establecía una tarifa en cuatro tramos con tipos desde el 0,25% al 1% a partir de los tres millones de euros. Tipos bastante reducidos que, según la CUP, podrían aumentar. Según datos de la Agencia Tributaria, en 2013 había en Cataluña 67.224 personas con un patrimonio medio de más de 2,3 millones de euros, lo que supuso ingresos tributarios de casi 422 millones. Una cifra que, con el enfoque que le quieren dar los cupaires, podría aumentar.