Las viviendas tuteladas para mayores solo ofrecen 1.039 plazas en Cataluña

La Generalitat de Cataluña ofrece un servicio de acogida en paralelo a las residencias desde el año 96. Son los pisos tutelados, establecimientos compuestos por un conjunto de viviendas que ofrecen una alternativa a personas mayores de 65 años cuyas circunstancias no les permiten seguir viviendo en sus casas.

Las viviendas tuteladas están enfocadas a una problemática social derivada de la falta de una propiedad donde vivir. Es, por tanto, un servicio social especializado en un enfoque profesional y un objetivo central: ofrecer una alternativa que traiga consigo la recuperación de los hábitos sociales de plena autonomía en el entorno social de una persona.

Para beneficiarse de este servicio es imprescindible ser mayor de 65, residir en Cataluña y tener la autonomía suficiente para realizar las actividades básicas del día a día sin necesidad de supervisión. Este es el elemento central alrededor del cual se construyó este servicio hace 20 años, y la característica principal que diferencia los pisos tutelados de las residencias. En 2015, la Generalitat de Cataluña destinó 585.213,73 euros a esta iniciativa.

31 pisos en 20 años

Entre viviendas de iniciativa pública (Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona), social (fundaciones) y privadas, son 1.039 las plazas que este tipo de servicio ofrece en toda Cataluña.

Las viviendas tuteladas de carácter privado son las que ofertan más plazas en el territorio catalán, con 511. Lejos quedan las 271 que dedica la Generalitat a este servicio y las 257 que promueven desde fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. Y todas ellas repartidas en 31 viviendas: 13 públicas, 10 privadas y 8 sociales.

Una cifra ínfima si se tiene en cuenta que, de los 7.508.106 habitantes que tiene Cataluña, 1.358.340 personas (el 18,3% de la población) superan los 65 años. Analizadas desde la administración la cosa cambia, las 1.039 plazas son suficientes para la población adulta mayor de 65 que puede demandar su ingreso en un piso tutelado, las justas para que a día de hoy la Generalitat de Cataluña no tenga constancia de que exista lista de espera.

En realidad, del más de millón de personas que superan los 65 años, no todas necesitan de este servicio ni reúnen los requisitos. Algunos pueden seguir viviendo en sus casas, la opción más óptima y preferible para todos. Pero a veces no hay más elección que ingresar en una residencia. Una palabra que produce rechazo y miedo entre los mayores, que temen alejarse del entorno en el que han pasado toda su vida.

Más plazas en el ámbito metropolitano

Al ser un servicio social destinado a personas mayores con un perfil de usuario más restringido (personas plenamente autónomas, pero con problemas sociales derivados de la falta de casa) no ha tenido un amplio despliegue y se ha circunscrito a zonas urbanas con problemáticas sociales. Por esta razón, la mayoría de las plazas se concentran en el área metropolitana. En total, 573, más de la mitad de la oferta, se encuentran repartidas entre la misma capital y las poblaciones más próximas a ella.

El hecho de ofrecer un servicio semejante al de las residencias hace que las viviendas tuteladas de muchas comarcas catalanas se hayan acabado reconvirtiendo en residencias. Es el caso de la Noguera, que cuenta con 8 plazas públicas.

El recurso tuvo su fase de expansión en el periodo previo a la promulgación de la Ley de Dependencia, ya que, a nivel de solicitud, estaba equiparado a otros recursos sociales especializados como los centros de día.

Mayor cobertura territorial para las residencias

Si bien el perfil del demandante es la característica principal que diferencia una vivienda tutelada de una residencia, éste ha sido también el detonante para que, 20 años después, la diferencia de plazas entre ambos servicios sea más que notable.

Las 1.039 plazas que suman las viviendas tuteladas son anecdóticas al lado de las 62.947 que ofertan las residencias en todo el territorio catalán. Solo en el área de Barcelona hay destinadas 39.095 plazas para personas mayores que sí tienen un sitio donde vivir, pero los achaques de salud les impiden seguir haciéndolo sin la presencia de un profesional que les vigile.

La tercera edad cuenta también con otra alternativa social, los centros de día. En Cataluña hay 17.804 puestos creados para aquellos adultos que necesitan de un equipo profesional que les garantice la atención y el cuidado que necesitan. A diferencia de las residencias, en los centros de día los mayores pueden continuar en sus domicilios habituales pasando allí las noches y fines de semana. De este modo no existe una desvinculación total con su ambiente de referencia: su entorno.

Lo cierto es que el público demandante de un servicio y otro no es el mismo, quizá por ello la diferencia de espacios es tan significativa entre las viviendas tuteladas, las residencias y los centros de día. Y es que conviene destacar que las necesidades dependientes de las 1.358.340 personas que superan los 65 años son bien distintas.

Creación paralela a las residencias

El hecho de que los pisos tutelados se desarrollaran de forma paralela a las residencias hace que ambas guarden ciertas similitudes en cuanto al perfil de usuario que atiende. Aun así, las diferencias entre un servicio y otro son muy notables.

Las viviendas tuteladas no cuentan con personal auxiliar de geriatría ni con personal propio de rehabilitación funcional (fisioterapeuta), tampoco disponen de atención médica ni psicológica. Para suplir la falta de estos servicios, los usuarios disponen de un servicio de teleasistencia las 24 horas del día que les permite tener cubierta la supervisión de estas necesidades.

Su estructura física se caracteriza por ser apartamentos de dimensiones muy reducidas (40 metros cuadrados) pero aptos para la vida autónoma de una persona sola o en pareja. Algunos de ellos están dotados, también, de servicios comunes para la estancia (salas de juego, de descanso y un espacio de lavandería común para toda la vivienda) y despachos destinados a la atención personalizada, siempre y cuando sea necesaria.

Cambios legislativos

Desde su creación ha habido cambios significativos respecto al criterio de selección. Si bien antes era imprescindible acreditar unos ingresos mínimos, ahora las viviendas tuteladas de carácter público no excluyen a nadie por cuestiones económicas. Así las cosas, a día de hoy el copago cifra un máximo de 255 euros al mes por persona (el coste total que conlleva cada plaza a la administración pública es de 1.800 euros), y no se establece en función de los ingresos tal y como se hacía en sus inicios.

Desde la Generalitat consideran que las viviendas tuteladas son un recurso que convendría explorar mucho más en su vertiente preventiva de situaciones de dependencia. Así lo han hecho ya en diferentes administraciones locales, siendo la más destacada el Ayuntamiento de Barcelona que, aparte de las viviendas tuteladas, también ha desarrollado viviendas de alquiler social con servicios comunes y supervisión social que han sido acogidas entre los más mayores con gran entusiasmo.