Los independentistas quieren quedarse con 124 edificios del Estado

La independencia de Cataluña pasa, según sus impulsores, por la incautación de inmuebles administrados actualmente por el Estado. Así lo contempla la hoja de ruta que Junts pel Sí ha presentado a la CUP y los informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional que maneja el Gobierno catalán.

Se trata de un reparto de activos que, según los secesionistas, se basa en la Convención de Viena sobre la Sucesión de los Estados en Materia de Bienes, Archivos y Deudas del Estado, aprobada por las Naciones Unidas el 7 de abril de 1983, y que ha sido utilizada en los procesos de independencia de Chequia, Eslovaquia, Croacia y Macedonia.

Listado ampliable

El listado de edificios susceptibles de ser incautados es largo y ampliable. La sectorial de Arquitectura, Edificación y Territorio para la Independencia, dependiente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cifra en 124 el número de inmuebles “desocupados, cerrados o con funciones duplicadas o innecesarias en un futuro Estado catalán” a los que se les pueden dar otros usos.

Esta sectorial ha ido avanzando en su inventario de forma que, hace seis meses, la cifra de bienes patrimoniales ascendía a sólo una cincuentena. Incluye cuarteles de la Guardia Civil, edificios de Aduanas, el aeropuerto, instalaciones militares, sedes de Correos o comisarías de la Policía Nacional, entre otros. Cada dependencia objeto de traspaso está muy detallada, e incluye una imagen y ficha técnica.

Presupuesto

Coincidiendo con esta ampliación de inventario, el Gobierno español ha sacado a concurso la licitación de las obras de reforma de la antigua sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña, situada en la avenida Marquès de l’Argentera de Barcelona. Actualmente, las dependencias de este organismo están situadas en otro edificio emblemático de la calle Mallorca, a la espera de que concluyan esos trabajos, cuya duración se estima en 36 meses.

El presupuesto total de las obras es de 12,19 millones. El Ministerio de Fomento aportará el 60% del coste, mientras que Administraciones Públicas pagará el resto. Conocido como el Palacio de la Aduana, este edificio construido a finales del siglo XVIII fue la sede del primer Gobierno Civil en Cataluña en 1850. Se trata de un monumento de especial interés, afectado por el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico de Barcelona.