Sólo 70 funcionarios han consultado el protocolo contra la presión independentista

Una setentena de funcionarios de las administraciones públicas catalanas se han interesado por el protocolo de actuación que hace tres semanas puso el marcha la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) con la finalidad de proteger a los trabajadores de las órdenes de dudosa legalidad que puedan derivarse del proceso secesionista.

La cifra no es relevante, aunque fuentes sindicales precisan a Crónica Global que, en la situación de provisionalidad del actual Govern, no se ha producido todavía ninguna acción que pudiera suponer un riesgo para los funcionarios.

Consultas preventivas

Las consultas recibidas por CSIF son de carácter preventivo. Los trabajadores preguntan sobre la metodología a seguir en el supuesto de que se vean obligados a denunciar presiones o, en los casos más extremos, poner los hechos en conocimiento de la Policía, la Fiscalía o los órganos judiciales.

A finales de noviembre, CSIF puso a disposición de los empleados públicos catalanes un protocolo para que pudieran blindarse ante posibles órdenes ilegales en el marco del proceso independentista que lidera el presidente en funciones, Artur Mas. Se trata de una guía con instrucciones sencillas y formularios de reclamación ante las diferentes situaciones que pudieran plantearse.

Seguro gratuito

Por ejemplo, se aconseja a los empleados que exijan las órdenes por escrito y, en caso de que los superiores jerárquicos insistan en su orden, dejar constancia de su rechazo.

El sindicato ha activado una línea de consulta jurídica y ofrece un seguro gratuito para cubrir a funcionarios que, como consecuencia de su actuación, sean suspendidos de empleo y sueldo.

Más recientemente, el Ministerio de Hacienda ha invitado a sus empleados catalanes a utilizar los canales de comunicación habituales para denunciar esos casos de presión independentista.