El nacionalismo catalán convierte en un 'show-mediático' el 'proceso político' a los protagonistas del 9N

Como estaba previsto, el nacionalismo catalán ha rentabilizado mediáticamente las comparecencias de este martes de la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y de la consejera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Convocados por las principales entidades independentistas --la ANC, Òmnium Cultural, la AMI y la ACM--, miles de personas se han movilizado durante toda la jornada --primero, ante la sede del TSJC y, después, ante innumerables ayuntamientos-- para protestar contra la imputación de Rigau y Ortega por haber organizado la consulta independentista del 9N (“proceso de participación ciudadana”, según la denominación oficial), pese a que esta había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. Las imputadas han estado acompañadas por el Govern casi al pleno y por un buen número de diputados autonómicos.

Y este solo ha sido el primer acto. El jueves, día en el que está citado a declarar el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, las movilizaciones se repetirán. Pero la cosa podría ir a mayor en los próximos meses.

Mas, Rigau y Ortega, a un paso del procesamiento

En este momento, la Sala de lo Civil y Penal del TSJC solo está tramitando las diligencias previas generadas por las querellas interpuestas contra Mas, Rigau y Ortega. Unas querellas que fueron admitidas a trámite en diciembre de 2014.

En las próximas semanas, los magistrados que llevan el caso (Joan Manuel Abril, Miguel Ángel Gimeno, Carlos Ramos, Enric Anglada y María Eugenia Alegret) deberán decidir si archivan la causa o se si abre juicio oral.

Según diversos juristas, hay muchas posibilidades de que, finalmente, los tres imputados acaben siendo acusados formalmente y se enfrenten a un juicio por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones --que podrían conllevar penas de inhabilitación o, incluso, de prisión--.

Máxima presión sobre el TSJC

Si eso ocurriese, se entraría en un nuevo escenario que el nacionalismo catalán, probablemente, utilizaría para intensificar su discurso victimista y sacar aún más rédito político. De hecho, el mensaje que más se ha repetido en las últimas semanas desde el Govern y desde los principales partidos independentistas es que el proceso abierto es un “juicio político”.

La situación preocupa sobremanera en determinados sectores de poder de la capital, que consideran que la única salida a este callejón sin salida pasa por reducir la tensión y buscar algún tipo de acuerdo que acabe derivando en una reforma constitucional.

De momento, la presión recae sobre los magistrados del TSJC que deben decidir el futuro próximo de Mas, Rigau y Ortega, hasta el punto de que la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del alto tribunal --con el posterior aval del CGPJ-- se ha visto obligada a denunciar las intimidaciones sufridas. Sin embargo, es previsible que esta presión vaya en aumento.