La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto al primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, durante un pleno municipal.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto al primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, durante un pleno municipal.

Política

El equipo de Colau cree que los nuevos presupuestos del Estado "penalizan" a la ciudad

Los PGE de 2016 prevén que el consistorio recibirá un 2,1% menos que el año pasado del fondo complementario y un 1% menos en la cesión de impuestos

3 octubre, 2015 10:50

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 "penalizan" a la ciudad porque prevén una dotación económica menor que años anteriores, y ha criticado la reducción de fondos estatales para la capital catalana.

En un comunicado, ha lamentado la "opacidad de criterios" en el reparto de los porcentajes de la recaudación del Estado en impuestos, y ha censurado el recorte en el importe del Fondo Complementario de Financiación adjudicado en Barcelona para 2016.

Un 2,1% menos que el año pasado

Los PGE prevén que el consistorio recibirá un 2,1% menos que el año pasado del fondo complementario y un 1% menos en la cesión de impuestos, por lo que la ciudad dejará de ingresar cerca de 21,4 millones de euros.

Prevén para Barcelona 976.778.960 euros del Fondo Complementario de Financiación cuando en 2015 fue de 997.279.714 euros, y recibirá 89.285.280 euros en concepto de cesión de impuestos mientras que en 2015 ingresó 90.182.062 euros.

Falta de transparencia y de distribución justa

Ha lamentado que no se está "ante unos presupuestos transparentes ni una distribución justa, desde el momento en que no se conocen los criterios para adjudicar los porcentajes de impuestos y cada año se vive el reparto como una lotería entre ciudades y comunidades autónomas".

El Ayuntamiento ha apoyado las enmiendas presentadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reclamar que se incorporen a los PGE la prórroga del destino del superávit presupuestario a inversiones financieramente sostenibles en lugar de destinarlo a enjuagar la deuda estatal.